lunes, 30 de mayo de 2011

La Segunda República española (1931-1939)


TEMA 19: LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1939).


1.      LOS PARTIDOS Y LAS FUERZAS POLÍTICAS.

   Hubo un gran número de fuerzas políticas, de diversas tendencias, durante la II República.

a)      Grupos fascistas.

·         JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista). Surgida en 1931, dirigida por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma.

·         FALANGE. Fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera.

En 1934, ambas organizaciones se unieron, aunque continuaron siendo grupos minoritarios.

b)     Fuerzas políticas de derechas.

·         CARLISTAS. Monárquicos tradicionalistas, foralistas e integristas religiosos. Se negaban a aceptar el régimen republicano y, dirigidos por Fal Conde, organizaron grupos armados (Requetés) para derribar la República.

·         RENOVACIÓN ESPAÑOLA. Grupo creado en 1933 por Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo, reunía a los monárquicos alfonsinos. Defendía valores tradicionales: monarquía, rechazo de la democracia y del sufragio universal, defensa del autoritarismo, tradicionalismo católico, etc. Partidarios de acabar con la República recurriendo a un golpe de fuerza. Los dirigentes pertenecían a la aristocracia y a medios financieros, bancarios, industriales y latifundistas.

·         PARTIDO AGRARIO. Dirigido por Martínez de Velasco. Representaba los intereses de los grandes terratenientes. Opuestos a la República y a la reforma agraria.

·         DERECHA LIBERAL REPUBLICANA. Defendía la propiedad, el orden y el catolicismo. Dirigida por Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura.

·         ACCIÓN POPULAR. Dirigido por José María Gil Robles que, en muchas ocasiones, se acercaba a posiciones antidemocráticas. Fue el primer intento serio de crear un partido de derechas de ámbito nacional. Posteriormente, Gil Robles logró agrupar a un sector de la derecha española bajo las siglas de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Es un partido que se caracterizó por la defensa de la Iglesia Católica, del Ejército y de la propiedad individual, el conservadurismo social y el rechazo a las reivindicaciones nacionalistas. Fue un partido numéricamente importante, contando con 700.000 afiliados.
 
c)   Centro político.

·         PARTIDO REPUBLICANO RADICAL. Dirigido por Alejando Lerroux, que llegó a ser jefe de gobierno en varias ocasiones.  Fue un partido bisagra, ya que gobernó tanto con la izquierda como con la derecha. 

d)     Grupos de izquierdas.

·         ACCIÓN REPUBLICANA. Liderado por Manuel Azaña, gran intelectual y excelente orador. Fue ministro de Guerra (gobierno provisional), jefe de gobierno entre 1931 y 1933, y presidente de la República desde 1936. El partido representaba a las clases medias de las grandes ciudades e intentaba impulsar un ambicioso programa de   reformas (educación, autonomías regionales, agricultura, etc.). En 1934. al fusionarse con el Partido Radical Socialista (Marcelino Domingo) y con ORGA (Casares Quiroga), se convirtió en IZQUIERDA REPUBLICANA.

e)      Partidos obreros.

·         PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. Era el principal partido de la izquierda obrera. Obtuvo 116 diputados en las elecciones de 1931, 58 en 1933 y 99 en 1936. Los principales líderes eran Largo Caballero, Prieto y Besteiro.

·         PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Era un partido minoritario, prosoviético y revolucionario. Sus principales dirigentes eran José Díaz y Dolores Ibarruri (La Pasionaria). Durante la guerra civil, su organización eficaz le convirtió en el principal partido obrero.

·         PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA (POUM). Surgió en 1935 al fusionarse dos organizaciones de inspiración trotskista. Dirigido por Andrés Nin, sólo tuvo importancia en Cataluña.

f)       Sindicatos obreros.

·         UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES.  El sindicato socialista aumentó considerablemente el número de afiliados (aproximadamente un millón) durante este período.

·         CNT. Superó el millón de afiliados al iniciarse la II República. Indiferente  a la legalidad republicana. En 1936 se unió al  Frente Popular y algunos de sus dirigentes participaron en el gobierno republicano durante la Guerra Civil.

g)      Partidos nacionalistas y regionalistas.

·         PARTIDO NACIONALISTA VASCO. Conservador y católico, pero se unió a la izquierda para lograr la autonomía del País Vasco. José Antonio Aguirre, uno de los más destacados líderes, se convirtió en 1936 en el primer lehendakari del gobierno vasco.

·         LLIGA REGIONALISTA. Partido conservador. Había perdido la importancia que tuvo en las primeras décadas del siglo XX. Seguía contando con el apoyo de los empresarios catalanes.

·         ORGANIZACIÓN REPUBLICANA GALLEGA AUTÓNOMA (ORGA). Partido galleguista republicano. Su líder fue Santiago Casares Quiroga.

·         ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA. Partido catalanista de izquierdas. Defendía un programa amplio de reformas sociales y económicas para Cataluña. Sus posiciones estaban próximas al independentismo de Cataluña. Liderado por Francesc Macià y Lluís Companys.


2.      EVOLUCIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA.

  Podemos distinguir cuatro etapas fundamentales.

·   PERÍODO CONSTITUYENTE (GOBIERNO PROVISIONAL).

Abril-diciembre de 1931. Se establecen los principios fundamentales de la II República. Tras su proclamación, se formó un gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora. Su misión principal fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes para la elaboración de una Constitución. El gobierno estaba formado por republicanos de todas las tendencias y algunos socialistas. Por lo tanto, se apoyaba en las clases medias urbanas, la pequeña burguesía, los intelectuales y la clase obrera organizada (PSOE y UGT). Por el contrario, las fuerzas de la oposición eran la derecha, la oligarquía desplazada del poder, la izquierda radical y el proletariado revolucionario (como la CNT). Las principales medidas de este gobierno fueron las reformas militares, educativas y sociales.

·         Reforma militar. Fue impulsada por Manuel Azaña, ministro de la Guerra. Pretendía crear un ejército más reducido y moderno, así como eliminar a los sectores más conservadores y hacer de él una institución más adaptada a la República.

·         Reformas sociales. Llevadas a cabo por Largo Caballero, ministro de Trabajo. Pretendían elevar el nivel de vida de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y de seguridad social, aumentar su participación política. También se pretendía limitar el poder y la influencia de los patronos, especialmente en los medios rurales.

·         Reformas educativas. Impulsadas por Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública. Pretendía extender la enseñanza entre los sectores más desfavorecidos, mejorar las condiciones de vida de los maestros y establecer un modelo educativo laico.

   Los principales problemas del período fueron los siguientes:

o      Económicos, como la fuga de capitales y la depreciación de la peseta.

o      Sociales.  Se producen huelgas en Asturias, Madrid, Sevilla, Barcelona, etc. Además, los patronos y los propietarios mantuvieron una actitud hostil hacia el nuevo régimen republicano.

o      Religioso. Fue el más grave. Desde el principio, los sectores más reaccionarios de la Iglesia se habían enfrentado al gobierno republicano por su política laicista en materia de enseñanza y de abandono de la financiación de la Iglesia. Los días 11 y 12 de mayo se produjeron los sucesos que han pasado a la historia como la quema de conventos. Se quemaron un total de cien edificios religiosos en Madrid, Sevilla, Córdoba, Cádiz, etc. La quema de conventos enfrentó abiertamente al régimen con los sectores más conservadores, que hicieron de la defensa de la religión un instrumento de la propaganda antirrepublicana.

Constitución de 1931. El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. Pudieron presentarse mujeres como candidatas y resultaron elegidas dos diputadas por vez primera en la historia electoral española. Triunfaron los republicanos de izquierda y los socialistas.  Estas Cortes elaboraron la Constitución de 1931, que fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Consta de 9 títulos y 125 artículos. Las características más importantes de esta Constitución son las siguientes:

§       Respecto al sistema político, busca la creación de un sistema auténticamente democrático. Así, se define a España como “República democrática de trabajadores de toda clase, organizados en un régimen de libertad y justicia”. La Constitución consagra un Estado democrático y de derecho.

§        Establece la división de poderes, concretando los controles que cada poder debe ejercer sobre los demás. El poder legislativo reside en el pueblo, que lo ejerce a través de las Cortes unicamerales (Congreso de los Diputados), cuyos miembros son elegidos por cuatro años mediante el sufragio universal. El poder ejecutivo recaía en el presidente de la República, que era elegido por los diputados y ocupaba la Jefatura del Estado. Su mandato, sin posibilidad de reelección, duraba seis años. El Presidente de la República nombra al jefe de gobierno y, a propuesta de éste, los ministros, que deben ser ratificados por las Cortes, ante quienes responden individualmente. El poder judicial era ejercido por jueces independientes. En el ámbito jurídico se establecen numerosas novedades: jurado, justicia gratuita para los pobres, etc.

§        Amplia declaración de derechos y libertades. El reconocimiento sin limitaciones de los derechos individuales se completo, por primera vez en la historia constitucional española, con una serie derechos sociales: reunión, asociación,  trabajo,  salud,  protección social, etc. La Constitución establece la limitación del derecho de propiedad privada, porque se podían realizar expropiaciones para nacionalizar y socializar las propiedades por motivos de interés general. Una novedad importante es el reconocimiento del derecho al voto de la mujer. Por último, se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales, una de sus funciones era garantizar el cumplimiento de estos derechos.

§       Tema autonómico. La Constitución incluía una fórmula para posibilitar las autonomías regionales con carácter particular y no general. De esta forma, una o varias provincias limítrofes con características históricas y culturales comunes podía solicitar un Estatuto de autonomía. Se indicaban tres pasos para el establecimiento de una autonomía regional:

·        Iniciativa municipal, ya que era preciso que la mayoría de los ayuntamientos de la región propusieran la petición de autonomía.

·        Plebiscito, pues al menos dos tercios de los electores de la región debían votar a favor de la solicitud de autonomía.

·       Aprobación definitiva por las Cortes.

   Cataluña consiguió en 1932 su Estatuto de Autonomía (Cataluña tuvo un gobierno propio, la Generalitat, con un presidente, un Parlamento y un Consejo Ejecutivo; la Generalitat tenía atribuciones legislativas y ejecutivas en economía, educación, transportes, comunicaciones, etc; y el gobierno de la República se ocuparía de las relaciones exteriores, el orden público y el ejército), y durante Guerra Civil se aprobaron los Estatutos del País Vasco (1936) y Galicia (1938).

§       Tema religioso. Se estableció la aconfesionalidad del Estado (libertad de cultos), suprimiéndose toda ayuda económica a la Iglesia Católica y prohibiéndose a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza. Se decretó la disolución de la Compañía de Jesús y el control sobre el resto de las órdenes religiosas. La Constitución  sólo autorizó el culto privado, por lo que cualquier ceremonia religiosa pública debía ser autorizada por la autoridad gubernativa. Por último, se permitieron el matrimonio civil y el divorcio. Así, se separaron las relaciones Iglesia-Estado, lo que provocó el rechazo de todas las fuerzas conservadoras del país.

§             Problema social. La Constitución preveía una vía reformista para disminuir las graves desigualdades existentes en la sociedad española. Se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza. Aunque se mantenía la propiedad privada, se establece la posibilidad de socializar la propiedad (expropiación) y de los principales servicios públicos (ferrocarriles, bancos, minas, etc). Se declara la importancia del trabajo, y se indica el desarrollo posterior de una legislación social avanzada.

   En conjunto, la Constitución era muy progresista y permitía el desarrollo de un sistema político abierto a izquierdas y derechas. Fue atacada por la Iglesia y por los partidos de la derecha, especialmente por el tema religioso.
   Tras la aprobación de la Constitución, el 10 de diciembre fue elegido Niceto Alcalá Zamora como primer presidente de la República.

·   EL BIENIO PROGRESISTA. Diciembre 1931-diciembre 1933.

   El Bienio Progresista se caracteriza por el intento del gobierno de izquierdas de profundizar en las reformas iniciadas durante el gobierno provisional. El proceso se vive en un clima permanente de tensión política, propiciada desde la izquierda a través de huelgas y levantamientos obreros y campesinos, y desde la derecha mediante el boicot, la resistencia ante las reformas y la provocación al gobierno. El 15 de diciembre se formó el primer gobierno constitucional, con Azaña como jefe de gobierno, y ministros socialistas y republicanos de izquierda. Este gobierno realizó un importante esfuerzo reformista para solucionar los siguientes problemas:

·   Reforma militar. La reforma fue impulsada por Azaña (Ley Azaña) con un doble objetivo. En primer lugar, someter el ejército al poder civil gubernamental, porque predominaban los elementos monárquicos que estaban acostumbrados a intervenir en la vida política; por ello, se exigió a los mandos militares prestar juramento de fidelidad a la República, o el retiro con el sueldo íntegro. En segundo lugar, reducir el alto número de oficiales de 21.000 a 8.000 para ajustarlo a las necesidades reales y a la capacidad presupuestaria del país.

·   Reforma educativa. Ésta era considerada la cuestión clave para conseguir la modernización de España. Había un gran índice de analfabetismo (superior al 30%), la mitad de la población infantil estaba sin escolarizar, faltaban escuelas, maestros, material y presupuesto. En la Constitución se había declarado la escuela primaria obligatoria, gratuita y mixta, esto último para escándalo de la derecha y de la Iglesia. El gobierno republicano-socialista aumentó un 50% el dinero destinado a gastos educativos, construyó 13.500 escuelas para luchar contra el analfabetismo, mejoró la enseñanza secundaria y potenció la investigación en los niveles universitarios. 

·   Reforma religiosa. La actuación del gobierno republicano-socialista se orientó a eliminar el poder y la influencia sociales de la Iglesia. Se partía de la separación Iglesia-Estado, y se fueron promulgadas una serie de leyes en este sentido: el reconocimiento constitucional del divorcio y del matrimonio civil;  la secularización de los cementerios; la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas; la disolución de los Jesuitas y la confiscación de sus bienes;  la supresión de la ayuda estatal a la Iglesia, etc. Esta política se tradujo en un enfrentamiento constante entre la Iglesia y el Estado. La cuestión religiosa se convirtió en uno de los principales problemas del período. Una muestra de la conflictiva relación entre Iglesia y República fue la expulsión del país en junio de 1931 del cardenal primado Pedro Segura, por sus constantes manifestaciones antirrepublicanas.

·   Reforma agraria. Los problemas principales de la agricultura seguían siendo el latifundismo y el elevado número de jornaleros sin tierra. Los tres objetivos de la reforma agraria fueron:

o      Objetivo social. Entregar tierras a los campesinos para obtener su apoyo y consolidar el régimen republicano, y, al mismo tiempo, evitar conflictos y revueltas sociales en las zonas rurales.

o      Objetivo político. Eliminar el poder económico de los grandes terratenientes, en la mayoría de los casos contrarios a la República.

o      Objetivo económico. Incrementar la producción total del sector agrario y elevar el nivel de renta del campesinado, que aumentaría sus niveles de consumo estimulando así el desarrollo de las actividades industriales y comerciales.

   En 1932 se aprobó la Ley de Reforma Agraria tras largos debates y discusiones  a causa del obstruccionismo realizado por los partidos de derechas, opuestos a esta reforma en representación de los intereses de los terratenientes. La ley establecía la expropiación sin indemnización de las tierras pertenecientes a la extinguida Grandeza de España (nobleza). Todos los latifundios, terrenos sistemáticamente arrendados y tierras incultas o abandonadas se declararon expropiables a cambio de una indemnización del Estado. Las tierras expropiadas, cuyo nuevo propietario pasaba a ser el Estado, se destinaba al asentamiento de campesinos, que explotarían las fincas de forma colectiva o cultivarían parcelas individuales, según ellos mismos decidieran. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria. Sin embargo, la aplicación de la ley y el ritmo de puesta en marcha de la reforma agraria fueron excesivamente lentos, se expropiaron pocos terrenos y sólo habían sido asentados unos 8.000 campesinos en 1934. En consecuencia, los jornaleros quedaron decepcionados con la República y se inclinaron hacia soluciones revolucionarias propuestas por los anarquistas.

·         Reforma social.  Largo Caballero, ministro de Trabajo, impulsó la aprobación de una legislación laboral de gran amplitud: Ley de Contratos de Trabajo, leyes de jornadas máximas, salarios mínimos, jurados mixtos, regulación del derecho a la huelga, etc. Esta legislación contó con la oposición de la patronal. Por su parte, la CNT, suponiendo que con un gobierno de izquierdas la situación de los obreros mejoraría enormemente, vio cómo las protestas para acelerar esa mejoría eran expeditivamente reprimidas. Por ello, los anarquistas optaron por una línea dura y recurrieron a las huelgas revolucionarias. Una de ellas fue la de Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933, donde la Guardia Civil realizó una auténtica masacre frente a un grupo de anarquistas que se habían hecho fuertes en una casa del pueblo.

   En 1933 la inestabilidad era evidente, a pesar de los éxitos del gobierno. Esta inestabilidad se manifestó en la reorganización de la derecha en ese año (en febrero se fundó la CEDA, en marzo Renovación Española y en octubre Falange Española); las conspiraciones militares monárquicas para acabar con la República (golpe de Estado dirigido por Sanjurjo en 1932); la radicalización de la izquierda (en el PSOE triunfan las tesis de Largo Caballero y Prieto de abandonar el gobierno y radicalizar la lucha acercándose a la CNT y al PCE); el triunfo de la derecha en las elecciones municipales parciales de abril de 1933; y la victoria de los candidatos de la derecha en la elección de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales (septiembre 1933). Esta situación provocó la dimisión del gobierno presidido por Azaña, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

·         El BIENIO DERECHISTA O BIENIO NEGRO. Diciembre 1933-febrero 1936.

   En las elecciones celebradas en noviembre de 1933, el triunfo electoral a las candidaturas de derechas (la lista que obtuvo un mayor número de diputados fue la CEDA con 115). El triunfo de la derecha se debió a diversos factores: la elevada abstención de los obreros por la petición expresa de la CNT;  la dispersión de las candidaturas de izquierdas (el PSOE se presentaron separados de los republicanos);  la elevada participación de los católicos; el voto conservador de la mujer, etc.
   Tras su victoria electoral, la derechista CEDA y el centrista Partido Republicano Radical iniciaron una etapa de colaboración parlamentaria y gubernamental, cuyo propósito era anular las reformas aprobadas en la etapa anterior:

·        Aprobación de una Ley de Amnistía que favoreció a los militares y monárquicos encarcelados por participar en el fallido golpe de Estado antirrepublicano de agosto de 1932, encabezado por el general Sanjurjo.

·        Puesta en marcha de una auténtica contrarreforma agraria que significó el bloqueo del proceso iniciado por el gobierno anterior. El gobierno derechista paralizó la reforma incrementando exageradamente la cuantía de las indemnizaciones que debían ser percibidas por los antiguos propietarios, recortando drásticamente el presupuesto estatal dedicado al asentamiento de campesinos sin tierra y devolviendo a los Grandes de España las propiedades confiscadas por el gobierno republicano-socialista.

·         En contra del contenido de la Constitución, se restablece y aumenta la subvención al clero.

·         Se ralentizó el programa de construcción de escuelas públicas.

·        Revisión de la Constitución para restringir las autonomías regionales. En 1934 se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
   La aplicación de este programa político supuso un giro con respecto a la política del período anterior. Este giro condujo a la radicalización de varios sectores de la sociedad:

§       Del movimiento obrero y del socialismo. Desilusionados con esta república de derechas, los socialistas realizaron una oposición cada vez más directa, pensando que había llegado el momento de que el proletariado tomara el poder para poner en marcha la revolución socialista. Con esta intención constituyeron la Alianza Obrera, que agrupaba a socialistas, anarquistas y comunistas. Todo ello en un contexto en el que había aumentado considerablemente el paro.

§       Los militares se dividieron en dos bandos. Los de derechas crearon la UME (Unión Militar Española), que contactan con falangistas y monárquicos. Los de izquierdas fundaron la UMRA (Unión Militar Antifascista Republicana).

§       También se produjo una radicalización de los partidos, tanto de izquierdas (PSOE) como de derechas (Falange y las JONS se unieron y empezaron a actuar violentamente; la CEDA se orientó hacia posiciones fascistas).

§       Fuerte tensión entre el gobierno central y el gobierno catalán provocada por una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que beneficiaba a los terratenientes catalanes frente a los campesinos. Esta sentencia fue considerada un intento de limitar la autonomía catalana.

   En este contexto se produjo la Revolución de Octubre de 1934, el momento más crítico de la II República, salvo el estallido de la Guerra Civil. Las fuerzas proletarias valoraron la victoria electoral de las derechas en 1933 como el fin de la República democrática. Además, observaban con temor el avance del fascismo en Europa (desde 1922 Mussolini gobernaba en Italia, en 1933 Hitler alcanzaba el poder en Alemania), por lo que iniciaron la insurrección al anunciarse la entrada de varios ministros de la CEDA en el gobierno formado el 4 de octubre. La CEDA no ocultaba su admiración por el nazismo alemán; utilizaba una simbología similar en sus manifestaciones públicas y se declaraba abiertamente antidemócrata.

   El 5 de octubre se inicia una huelga general en todo el país con el objetivo de que triunfara la revolución socialista proletaria. Esta huelga fue convocada por el PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas. La huelga fracasó en el País Vasco y en Madrid. En Cataluña, el apoyo de Companys, presidente de la Generalitat, hizo triunfar por un tiempo la revolución. Companys proclamó el Estat Català, lo que suponía ponerse al margen de la Constitución. La respuesta del gobierno fue la suspensión del Estatuto de Autonomía. Pero la revolución fracasa porque la CNT no se sumó a la misma, y el gobierno de la Generalitat se negó a proporcionar armas a los insurrectos.

   En Asturias, la revolución tuvo una mayor importancia. La Revolución de Asturias es la primera revolución socialista proletaria en España. Los socialistas, los ugetistas y los cenetistas formaron la Alianza Obrera o UHP (Unión de Hermanos Proletarios). Los obreros asturianos tomaron las armas y lograron el control de toda la provincia, destituyeron a las autoridades y conquistaron Oviedo tras duros combates contra el ejército y las fuerzas de orden público. Organizaron los suministros, mantuvieron la producción siderúrgica, establecieron servicios sanitarios, etc.

   Para combatir la revolución asturiana, el gobierno entregó plenos poderes militares al general Franco, que hizo traer tropas de la Legión y de los regulares y colocó al frente de las operaciones al general López Ochoa. El 10 de octubre desembarcaron en Gijón y el 19 la revolución estaba sofocada. Los métodos empleados fueron durísimos y poco éticos como, por ejemplo, colocar a los prisioneros en vanguardia, etc.

   Esta revolución provocó 1.335 muertos y 2.951 heridos. Además, fueron detenidas 30.000 personas, entre ellas importantes dirigentes políticos como Azaña, Companys, Largo Caballero, etc.

   El período posterior estuvo marcado por los sucesos de octubre. La vida política se polarizó entre los partidarios de llevar las represalias por la revolución hasta sus últimas consecuencias, y los partidarios de una amnistía. Este enfrentamiento afectó al gobierno, y la CEDA lo abandonó en marzo de 1935, aunque regresó un mes más tarde. La crisis del gobierno fue constante porque los radicales sólo podían gobernar con el apoyo de la CEDA, pero rechazaban su política extremista, cada vez más próxima a planteamientos autoritarios y fascistas. La propaganda cedista, especialmente la de sus juventudes (JAP), era radical y violenta. Los cambios de ministros fueron frecuentes a lo largo de 1935, y el presidente de la República, Alcalá Zamora, era cada vez más crítico con el gobierno por su alejamiento de la Constitución. Los nombramientos hechos por Gil Robles (ministro de la Guerra), colocando a Franco como Jefe de Estado Mayor y a Fanjul, Goded y Mola, todos ellos partidarios de un golpe militar, en los principales puestos militares, provocaron sospechas entre la izquierda y en el propio Alcalá Zamora.

   La crisis definitiva se produjo cuando estalló el escándalo del estraperlo. Fue un escándalo financiero en el que se vieron implicados varios ministros del Partido Republicano Radical de Lerroux. El escándalo se produjo porque Strauss, fabricante holandés, y su socio Perl habían obtenido la autorización, mediante sobornos, para la introducción en los casinos españoles un juego de ruleta eléctrica.

   El 7 de enero de 1936, Alcalá Zamora decretó la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para febrero de 1936.

·         EL FRENTE POPULAR. Febrero de 1936-julio de 1936.

   El 15 de enero se firmó el Pacto del Frente Popular (la Internacional Comunista propugnaba la formación de frentes populares para contener el avance del fascismo en Europa), formado por Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE, POUM, Juventudes Socialistas, Partido Sindicalista y UGT. La CNT no participó, pero, a diferencia de otras ocasiones, no pidió la abstención a sus afiliados, por lo que apoyó indirectamente al Frente Popular. El programa del Frente Popular consistía en una vuelta a la legislación aprobada durante el bienio progresista, incluyendo la amnistía de los participantes en los sucesos de 1934.

   La otra gran coalición se formó entre el Bloque Nacional (dirigido por Calvo Sotelo y Goicoechea, de orientación monárquica y nacido en 1934) y la CEDA. Sin embargo, su programa no era sólido, ya que fundamentó la coalición en el rechazo del marxismo y del peligro que supondría para el país la victoria del Frente Popular.

   Las elecciones del 16 de febrero de 1936 dieron el triunfo al Frente Popular. A los pocos días, Azaña fue nombrado jefe de un gobierno compuesto por exclusivamente por republicanos. Sus decisiones más importantes fueron:

o      Amnistía y excarcelación de los presos detenidos tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934.

o      Restitución del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el inicio de la tramitación para la aprobación de los estatutos vasco y gallego.

o      Aceleración en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria.

o      Declaración de ilegalidad de la Falange y encarcelamiento de sus jefes por su relación con diversos atentados.

o      Cese de Franco como Jefe del Estado Mayor, siendo destinado a Canarias.

   Un hecho importante de esta etapa fue la destitución de Alcalá Zamora como presidente de la República. Para ello, se recurrió al artificio jurídico de declarar que la disolución de las anteriores Cortes ordenada por él no había sido necesaria, lo que comportaba su destitución inmediata. El 3 de mayo fue elegido el nuevo presidente de la República, Manuel Azaña. Su elección fue un error porque perdió la capacidad de acción, ya que las funciones ejecutivas, según la Constitución, correspondían a la jefatura de gobierno.
   El nuevo gobierno presidido por Casares Quiroga tuvo que enfrentarse a graves problemas:

o      La enorme cifra de desempleados (aproximadamente un millón).

o      El aumento de la conflictividad social, tanto en el campo como en las ciudades.

o       Los atentados y la creciente violencia política. El 12 de julio unos pistoleros, posiblemente falangistas, asesinaron al teniente Castillo. El 13 de julio fue asesinado el dirigente derechista Calvo Sotelo,  por un grupo de agentes del orden que intentaba vengar la muerte de su compañero.

o      La firme decisión tomada por poderosos grupos socioeconómicos e importantes jefes militares de destruir la República mediante un golpe militar para impedir el desarrollo de reformas que amenazaban sus intereses. En este sentido, la acción gubernamental fue nefasta porque, en lugar de destituir a los posibles militares golpistas, fueron enviados a puntos clave: Franco a Canarias (cerca del ejército de África), Goded a Baleares, Mola a Navarra; Queipo del Llano a la Dirección del Cuerpo de Carabineros, etc. El golpe de Estado contra la República se produjo el 17 de julio en el Marruecos español, extendiéndose al resto del territorio el 18 de julio.


























domingo, 22 de mayo de 2011

Propuestas Democracia Real Ya!



PROPUESTAS DE DEMOCRACIA REAL YA!




1.    ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:


·         Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.

·         Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.

·         Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

·         Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

·         Reducción de los cargos de libre designación.


2.   CONTRA EL DESEMPLEO:


·         Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).

·         Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.

·         Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.

·         Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.

·         Restablecimiento del subsidio de 426€  para todos los parados de larga duración.


3.   DERECHO A LA VIVIENDA:


·         Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.

·         Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.

·         Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.


4.   SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:


·         Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.

·         Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.

·         Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.

·         Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.

·         Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.

·         Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.

·         Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.


5.   CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:


·         Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.

·         Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.

·         Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.

·         Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.

·         Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.


6.   FISCALIDAD:


·         Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.

·         Eliminación de las SICAV.

·         Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.

·         Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.

·         Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).


7.   LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:


·         No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.

·         Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.

·         Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.

·         Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.

·         Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.

·         Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.

·         Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.


8.   REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR

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