sábado, 11 de febrero de 2012

Ley de Amnistía de 1977: la justificación de los crímenes del fascismo español


Ley de Amnistía de 1977

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:
I. Quedan amnistiados:
  1. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
  2. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
  3. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.
II. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal.
La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
  1. Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar.
  2. La objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos.
  3. Los delitos de denegación de auxilio a la justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
  4. Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
  5. Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
  6. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
Los beneficios de esta Ley se extienden a los quebrantamientos de condenas impuestas por delitos amnistiados, a los de extrañamiento acordados por conmutación de otras penas y al incumplimiento de condiciones establecidas en indultos particulares.
Quedan también amnistiadas las faltas disciplinarias judiciales e infracciones administrativas o gubernativas realizadas con intencionalidad política, con la sola exclusión de la tributarias.
Están comprendidas en esta Ley las infracciones de naturaleza laboral y sindical consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores en normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad.
La amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio.
Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones mas beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación.
Los efectos y beneficios de la amnistía a que se refieren los cuatro primeros artículos serán en cada caso los siguientes:
  1. La reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos, si hubiesen sido separados. Los funcionarios repuestos no tendrán derecho al percibo de haberes por el tiempo en que no hubieren prestado servicios efectivos, pero se les reconocerá la antigüedad que les corresponda como si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios.
  2. El reconocimiento a los herederos de las fallecidos del derecho a percibir las prestaciones debidas.
  3. La eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido.
  4. La percepción de haber pasivo que corresponda, en el caso de los militares profesionales, con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha del acto amnistiado.
  5. La percepción del haber pasivo que corresponda a los miembros de las fuerzas de orden público, incluso los que hubiesen pertenecido a cuerpos extinguidos.
La amnistía deja sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena, derivados de los hechos contemplados en los artículos primero y quinto de la presente Ley, restituyendo a los afectados todos los derechos que tendrían en el momento de aplicación de la misma de no haberse producido aquellas medidas, incluidas las cotizaciones de la seguridad social y mutualismo laboral que, como situación de asimiladas al alta, serán de cargo del Estado.
La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los jueces, Tribunales y autoridades judiciales correspondientes, quienes adoptarán, de acuerdo con las leyes procesales en vigor y con carácter de urgencia, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta Ley, cualquiera que sea el estado de tramitación del proceso y la jurisdicción de que se trate.
La decisión se adoptará en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos.
La amnistía se aplicará de oficio o a instancia de parte con audiencia, en todo caso, del Ministerio fiscal. La acción para solicitarla será pública.
La autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura de los que estuviesen declarados en rebeldía.
No obstante lo dispuesto en el artículo noveno, la administración aplicará la amnistía de oficio en los procedimientos administrativos en tramitación y a instancia de parte, en cualquier caso.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dada en Madrid a 15 de octubre de 1977.
- Juan Carlos R. -

El Presidente de las Cortes,
Antonio Hernández Gil.

martes, 7 de febrero de 2012

Tema 16. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX.


TEMA 16: Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX

1)      Economía.

  La economía española manifiesta un crecimiento lento si lo comparamos con las transformaciones aceleradas que experimentan otros países europeos en el mismo período. Las causas del retraso económico español son las siguientes:
a)      Condiciones geográficas (clima, orografía, etc) que no favorecen las comunicaciones interiores, lo que hacía difícil el desarrollo de un mercado nacional articulado.
b)      Escasez de materias primas y de fuentes de energía: necesidad de importar hierro o dificultad de la extracción minera. Fue un obstáculo para el desarrollo industrial.
c)      Lento crecimiento demográfico. Lo que provocó la falta de mano de obra industrial y dificultó la creación de un mercado interior capaz de absorber la producción. La población sobrante emigraba hacia América.
d)      Pérdida de las colonias americanas, que supuso la falta de mercados y de materias primas que hubieran sido fundamentales para generar el despegue industrial.
e)      Falta de capitales. No se produjo una acumulación de capitales, ni existió una mentalidad inversora comparable a la de otras burguesías europeas (salvo en Cataluña). Por esta razón, hay una fuerte dependencia de capitales extranjeros, esenciales para la construcción ferroviaria y para el despegue siderúrgico del Norte.
f)       Papel del Estado. La política de protección de la industria nacional impedía la renovación tecnológica de la misma y, por lo tanto, no era una industria competitiva. El Estado, además, acaparó los capitales existentes (altos intereses de la deuda pública) que no se invirtieron en actividades productivas.

a)    Las transformaciones de la propiedad de la tierra: las desamortizaciones. El sector agrario.

   La desamortización es la nacionalización de bienes raíces de propiedad colectiva eclesiástica o civil, que tras ser puestos en venta en subasta pública, pasan a formar una propiedad nueva, privada, con libertad plena de disposición.
   En el siglo XVIII, los ilustrados consideraban que la principal causa del estancamiento agrario era la existencia de bienes amortizados (eclesiásticos, nobiliarios o comunales) proponían su eliminación. En 1798 fueron desamortizados algunos bienes eclesiásticos para obtener recursos con los que financiar la deuda pública. Las Cortes de Cádiz  y el Trienio Liberal continuaron con la desamortización de bienes eclesiásticos y bienes comunales.
    La primea gran desamortización del siglo XIX fue la desamortización de Mendizábal. El Decreto de 19 de febrero de 1836 declaraba en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular y se destinaban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. En el Decreto se exponían una serie de objetivos: el saneamiento de la Hacienda Pública, reduciendo la deuda pública; conseguir el acceso a la propiedad de la burguesía, que mejorarían la producción y la revalorizarían; crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen liberal; obtener fondos para el sostenimiento de la guerra carlista.
    La venta de bienes desamortizados alcanzó su ritmo más alto en el período 1841-1843, porque se incorporaron los bienes del clero secular. Los gobiernos moderados suspendieron las ventas en 1844. Entre 1836 y1844 se habían vendido propiedades por valor de 3247 millones de reales. Esta desamortización afectó al 62% de las propiedades del clero. La forma de traspasar las propiedades del Estado a los compradores fue la subasta pública. Las condiciones favorecían a los compradores, porque podían pagar en títulos de la deuda pública (valor de emisión) y el precio de salida era muy bajo. Se abonaba un 20% al contado, el resto se aplazaba y se admitía el pago en títulos de deuda pública. El volumen de lo recaudado fue de 4500 millones de reales, pero sólo 500 millones en metálico, el resto en títulos de deuda pública.
  
Consecuencias:
  • La Iglesia perdió gran parte de su poder económico. Además, en 1837, se suprimió el diezmo.
  • No resolvió los problemas de la deuda pública, pero este problema quedó atenuado.  Se consiguió amortizar unos 5000 millones de los 14000 millones de deuda pública.
  • La desamortización no produjo un aumento significativo de la producción agraria. Los nuevos propietarios no introdujeron, por regla general, mejoras, sino que siguieron cobrando las rentas de la tierra.
  • Reforzó la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y en Extremadura, y el minifundismo en el Norte.
  • Provoco la miseria de una gran parte de los campesinos.
  • Las compras realizadas por los campesinos fueron muy escasas, ya que carecían de capitales, de formación y de medios.
  • Los grandes beneficiados fueron la nobleza, la burguesía y los funcionarios civiles y militares.

      La segunda gran desamortización del siglo XIX fue la de Madoz (Ley de Desamortización General de 1 de mayo de 1855). Más importante que la de Mendizábal por su duración (se prolongó hasta finales del siglo XIX), por el volumen de las ventas (8200 millones de reales), y por las repercusiones sociales (afectó a todos los sectores sociales). La ley ponía en venta los bienes del clero regular y secular, no afectados o que hubiesen quedado sin vender en anteriores desamortizaciones, pero también afectaba a los bienes del Estado, Órdenes Militares, instituciones benéficas y educativas, municipios y otros bienes amortizados, es decir, supuso la liquidación definitiva de la propiedad amortizada. Se denomina desamortización civil porque el 67% de los bienes procedían de instituciones civiles. Casi el 50% eran bienes municipales. Estos bienes eran de dos clases: bienes de propios (bienes municipales que eran arrendados a particulares para financiar los gastos municipales) y bienes comunales o baldíos (bienes municipales que eran aprovechados libre y gratuitamente por los vecinos). A diferencia de la desamortización de Mendizábal, sólo se admitía el pago en metálico (debía hacerse un pago inicial del 10% y el resto se aplazaba). El principal objetivo era solucionar el problema de la deuda pública. Para ello, el Estado, con lo obtenido de la venta de los bienes, compraba los títulos de la deuda pública por su valor de cotización.
  
   Consecuencias:
  • Reforzamiento del latifundismo, debido a la gran extensión que ocupaban las tierras de propios y comunales. Además, los compradores remataban varias fincas a la vez. Este proceso se produjo en el Centro y en el Sur del país.
  • Privó a los campesinos de los usos colectivos de los bienes comunales. Supuso que muchos campesinos, pequeños y medianos propietarios, perdieran sus propiedades, porque esos usos colectivos eran imprescindibles para el mantenimiento de sus propiedades. Este hecho se observa en el aumento de la emigración de la población rural hacia a América y a las ciudades a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
  • Provocó la quiebra de los servicios municipales.
  • Cambios profundos de la agricultura española de finales del siglo XIX. Se produjo un aumento de la producción agraria, ya que muchos propietarios, atraídos por la elevación de los precios agrícolas debida a la política proteccionista, pusieron en cultivo parte de estas tierras. Es decir, la producción se elevó por un aumento de la superficie cultivada y no por el de la productividad que, incluso, bajó al ponerse en cultivo tierras marginales. Esta práctica impidió la modernización de las explotaciones agrarias.
  • Influencia negativa en la industrialización porque se invirtieron en la adquisición de tierras los capitales que la industria necesitaba. El capital de las sociedades industriales por acciones, en 1865, era de 98 millones de reales,  mientras que en el período 1856-1865 se vendieron tierras por valor de 816 millones de reales.
  • Contribuyó, junto con otros factores, a crear la denominada “cuestión social”, es decir, los graves problemas sociales que empezaron a manifestarse en el campo español desde mediados del siglo XIX: revueltas agrarias que mostraban el rechazo a la política desarrollada por los liberales.
   Otros cambios legislativos que tenían como objetivo poner fin al Antiguo Régimen y establecer la propiedad privada y la libertad de mercado fueron:
o   La eliminación definitiva de la vinculación.  Decreto de 30 de agosto de 1836 que extinguía los mayorazgos y otras formas de vinculación.
o   La supresión del régimen jurisdiccional (2 de febrero de 1837). Suponía la desaparición de los derechos señoriales y la transformación de los señoríos en propiedades privadas.
o   La libertad de cercamiento de tierras y de comercialización de los productos agrarios (Decreto de 6 de septiembre de 1836 de fomento de la agricultura y de la ganadería). Establecía la libertad de los propietarios para vallar sus propiedades, el libre comercio de granos y la libertad de precios.

El sector agrario

   A comienzos del siglo XIX, la agricultura era la base de la riqueza nacional porque suponía el 56% de la producción total del país (82% si se incluye la ganadería). El sector agrario presentaba los siguientes problemas:
  1. La existencia de un mercado pequeño de bienes libres, lo que era una traba para el desarrollo agrario.
  2. La explotación de la tierra era deficiente. Predominaba el barbecho, la mecanización era prácticamente nula y no se utilizaban abonos artificiales.
  3. Los excedentes agrarios no se invertían en la modernización de las explotaciones agrarias, sino en bienes suntuarios.
  4. El enfrentamiento entre agricultores y ganaderos: prohibición del cercamiento de campos, dificultades para roturar montes y baldíos, etc.
   El resultado era la existencia de una gran parte de las tierras sin cultivar. En 1803 sólo se cultivaban el 23% de las tierras. Los cultivos principales eran los cereales, el olivo y la vid (tríada mediterránea).
   La legislación aprobada por los liberales (desamortización, eliminación de señoríos y mayorazgos, etc) tuvo las siguientes consecuencias:
o   Aumento de la producción agraria.  El aumento se produjo por la puesta en cultivo de varios millones de hectáreas entre 1818 y 1860. En muchos casos eran tierras marginales, lo que significó una disminución de los rendimientos agrícolas (1800: 6,3 Qm/ha; 1860: 5,8 Qm/ha). La disminución se explica también por la permanencia de unas técnicas de explotación arcaicas.
o   Los cultivos fundamentales siguen siendo los cereales, que eran la base de la alimentación de la mayoría de la población. La patata y el maíz experimentaron un importante crecimiento en el Norte del país.
o   Crisis agrarias periódicas: 1825, 1837, 1847, 1856, 1867 y1868.  Limitaban la capacidad de compra de los campesinos y producían hambrunas.
o   Decadencia de la ganadería. Los liberales eliminaron los privilegios tradicionales de la Mesta.
o   Política proteccionista de los moderados. Esta política garantizaba la venta  a precios elevados de la producción. En los años de buenas cosechas, los precios eran altos porque no existía la competencia exterior. En los años de malas cosechas, los precios se elevaban ante la disminución de la oferta.
   En definitiva, el estancamiento agrícola impedía el trasvase de mano de obra agraria a la industria, ni permitía crear un mercado para los productos industriales. La agricultura fue un obstáculo para el desarrollo de los demás sectores productivos.


b)    Los inicios de la industrialización y la articulación del mercado interno
  
   El proceso de industrialización español, si se le compara con el de otros países europeos, fue muy débil. Las razones del fracaso de la Revolución Industrial española fueron las siguientes:
a.       El bajo nivel de vida de la población española impedía la formación de un mercado que favoreciera la producción de artículos de consumo.
b.      El débil desarrollo de las industrias de bienes de consumo era un obstáculo para el desarrollo de un sector industrial básico: la industria siderúrgica.
c.       La falta de un mercado interno articulado, ya que la ausencia  de una red de carreteras y de ferrocarriles encarecía hasta tal punto las mercancías que, en ocasiones, era más barato comprarlas en el extranjero.
d.      La política proteccionista que, a largo plazo, hizo de la industria española una de la menos competitiva de Europa: productos caros y escasa calidad de los mismos.
e.       Falta de materias primas y fuentes de energía como el carbón.
f.       Atraso tecnológico español.
g.       Escasez de capitales nacionales. Estos capitales se orientaban hacia la compra de tierras desamortizadas.
h.      La debilidad del sector agrario.
i.        La ausencia de una mentalidad empresarial y el elevado índice de analfabetismo que dificultaba la formación de los trabajadores.
j.        La pérdida del mercado americano y la fuerte inestabilidad política (guerras, revoluciones).

   Hacia 1825 se inicia el desarrollo de una industria moderna con dos sectores básicos: la industria textil y la industria siderúrgica. La industria se localiza en zonas periféricas del Norte: Cataluña, País Vasco y Asturias, con intentos en el sur que fracasaron. Los índices de producción industrial experimentaron un lento crecimiento desde 1830, duplicándose alrededor de 1860. Entre 1825 y 1855 hubo un aumento de la actividad en todos los sectores industriales. A partir de 1856, se inicia una fase decisiva con la llegada de capitales extranjeros hacia el ferrocarril que influyeron positivamente en los sectores industriales.

    Industria textil
 
    Era el sector más importante de la industria de bienes de consumo. Este sector se localizaba en Cataluña. Era una industria tradicional que había sufrido una grave crisis tras la pérdida de las colonias americanas. A partir de 1830, inició una nueva fase expansionista porque se introdujeron procedimientos modernos de fabricación (maquinaria de vapor) que disminuyeron los costes y los precios, permitiendo un aumento de las ventas. Además, la política proteccionista, que prohibía la importación de productos textiles, reservaba a las industrias catalanas el mercado nacional. El resultado fue un crecimiento continuo hasta 1863.

   Industria siderúrgica
  
   Su desarrollo es más lento y tardío que el de la industria textil. Las razones son diversas: la falta de un proceso de mecanización, tanto en la agricultura como en la industria, que disparara la demanda; la posibilidad de importar productos extranjeros sin aranceles (Ley de Ferrocarriles de 1855); y la escasez, la baja calidad y el alto coste del carbón español que aumentaban el precio del hierro nacional.
   Desde 1830, la producción siderúrgica se localizaba en Málaga, que utilizaba carbón vegetal lo que encarecía el precio del hierro. Hacia 1850, la industria asturiana (Mieres, La Felguera) desplazó a la andaluza gracias a la utilización de carbón mineral (coque), que permitió abaratar el precio del hierro casi a la mitad  (en 1855 la tonelada de hierro colado costaba 632 reales en Málaga y 348 en Asturias). En la década de los 60, se inició el despegue de la industria siderúrgica vizcaína por la utilización del coque, la calidad del hierro vasco y el proceso de concentración empresarial. En 1865 se crearon los Altos Hornos de Vizcaya y en 1880 la industria siderúrgica vasca era la más importante de España.

   Minería
 
   España contaba con importantes yacimientos mineros de plomo, cobre, mercurio, hierro. Algunos eran básicos para la industria y escasos en Europa. La política del Estado de pedir préstamos en el extranjero supuso la entrega de las explotaciones mineras a acreedores extranjeros como garantía del cobro.

   Ferrocarril
  
   Desde 1829 se realizaron gestiones para la introducción del ferrocarril en España, pero hasta 1848 no se inauguró la primera línea ferroviaria, Barcelona-Mataró; en 1851 la línea Madrid-Aranjuez, y, posteriormente, la línea Gijón-Langreo. La promulgación de la Ley General de Ferrocarriles (1855) dio un gran impulso a la construcción ferroviaria. En 1858 se habían construido 850 km de líneas ferroviarias, en 1866 ya eran 5145 km.
   La ley fijaba una serie de condiciones para la construcción ferroviaria:
  • Regulaba la formación de las compañías de construcción.
  • Garantizaba las inversiones extranjeras en caso de guerra.
  • Permitía la importación de material ferroviario sin pagar aranceles.
  • Subvencionaba hasta una tercera parte el coste de construcción.
  • Establecía un plano radial a escala nacional con centro en Madrid.
  • Se optaba por un ancho de vía de 1,67 m. frente al europeo de 1,44 m. El motivo era evitar que fuera utilizado por un ejército invasor. Fue un error porque provocó el aislamiento de la economía española de la europea.
   Uno de los problemas principales era atraer inversiones para financiar la construcción ferroviaria. La aprobación de la Ley de Banca y Sociedades de Crédito (1856) permitió la aparición de sociedades de crédito de capital extranjero, sobre todo francés, que dieron lugar a las grandes compañías ferroviarias, surgidas entre 1856 y 1860: Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, Compañía de los Caminos de Hierro del Norte y Ferrocarriles Andaluces.
   Entre 1855 y 1865 se produjo el boom ferroviario, ya que se construyeron 430 km al año. La crisis financiera internacional de 1866 paralizó la construcción, que se reanuda en 1876 a un ritmo menor. La crisis se debió en parte al hundimiento de las sociedades de crédito que estaban detrás de las compañías ferroviarias.
   La construcción ferroviaria contribuyó a la consolidación de un mercado nacional articulado, es decir, permitió unir los centros productores con los centros de consumo, facilitando el abastecimiento de las grandes ciudades y el traslado de materias primas, alimentos, artículos industriales y pasajeros de un lugar a otro. Sin embargo, el ferrocarril desvió capitales de otros sectores industriales y la importación sin aranceles perjudicó a la industria siderúrgica nacional, aunque ésta no estaba preparada para atender la fuerte demanda de productos siderúrgicos.

   Sector financiero
  
   El sector financiero español se caracterizaba por su retraso en comparación con el de otros países europeos. Las causas principales eran la inestabilidad política, la no generalización del sistema de sociedades anónimas hasta 1856, el caos monetario y la deuda pública que, al ofrecer altos intereses, atraía los capitales existentes.
   La aprobación de la Ley de Banca y Sociedades de Crédito (1856) fue muy importante. En cuanto a la banca, la ley regulaba el derecho de emisión de moneda, un banco emisor por localidad. Se rebautizaba el Banco de San Fernando como Banco de España (obtuvo el privilegio de emisión de moneda en 1874). La ley permitió la creación de bancos como el Banco de Santander y el Banco de Bilbao (1857). En cuanto a las sociedades de crédito, la ley regulaba la fundación de sociedades de crédito por acciones, que tenían una mayor libertad de actuación que los bancos.
   La ley favoreció el surgimiento de numerosas sociedades financieras, cuyas principales operaciones eran la inversión ferroviaria, el crédito público (deuda pública) y, en menor medida, la inversión industrial. En 1855 existían cinco bancos por acciones, en 1865 ya eran 58.

   Comercio
  
   El comercio interior se reactivó a partir de 1840 por la liberalización de los precios y de los mercados, la desamortización, la reparación y la construcción de nuevas carreteras, y la eliminación de aduanas interiores. Se consolidó con la construcción ferroviaria.
   El comercio exterior estuvo influido negativamente por la pérdida de las colonias americanas durante la primera mitad del siglo, ya que absorbían más de la mitad del comercio exterior español. A partir de 1840, se recupera gracias a los intercambios comerciales con Gran Bretaña y Francia, que suponían las dos terceras partes de las exportaciones españolas. Una de sus características fue el déficit de la balanza comercial. El comercio se basaba en la exportación de materias primas minerales y agrícolas y la importación de productos industriales.


2)    Sociedad: estructura y cambios sociales 1834-1874.

  a)   Demografía
     
   Las principales características demográficas son las siguientes:

  • Crecimiento sostenido de la población a lo largo del siglo XIX (11 millones en 1800; 15,5 millones en 1857). Este crecimiento se debió a la alta tasa de natalidad (37‰) y a la reducción de la mortalidad por las mejoras médicas, higiénicas y alimenticias.
  • Alta tasa de mortalidad  (27,2‰ en 1850). Las causas son las guerras del primer tercio del siglo XIX; las epidemias como el cólera (la epidemia de 1853-1856 provocó 240000 muertos), la tuberculosis, la gripe, el sarampión...; y las frecuentes crisis de subsistencias, es decir, malas cosechas agrícolas que provocan hambrunas y la muerte de parte de la población.
  • Importancia de los fenómenos migratorios. La razón fue que la rapidez del crecimiento demográfico en comparación con el crecimiento económico, es decir, se produjo un desequilibrio población-recursos. La emigración exterior se dirigía fundamentalmente hacia América (provincias del norte peninsular) y hacia el norte de África (provincias levantinas). La emigración interna (campo-ciudad) provocó el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza...). Las principales ciudades eran Madrid y Barcelona que, en 1853, tenían 236.000 y 210.000 respectivamente. La población urbana era del 10,4% en 1834 y del 13,5% en 1874.
  • Desigual distribución espacial de la población que supuso el retroceso del centro frente a la periferia. Sólo el 37,4% de la población vivía en el interior peninsular en 1857. La densidad de población era de 30,5 hab/km².


b)    Estructura social y cambios sociales
   Durante el período se produjo la transición de la sociedad estamental a la sociedad de clases, porque los cambios introducidos por el liberalismo (igualdad jurídica, libertad personal y seguridad en la propiedad) pusieron fin a los privilegios característicos de la sociedad estamental. La nueva sociedad de clases o clasista tenía como principal elemento de diferenciación social la riqueza y, en menor medida, el nivel cultural y las formas de comportamiento social. La sociedad de clases era abierta y dinámica, es decir, era posible la movilidad social, cada persona podía ascender o descender en la escala social. En este modelo social, la participación política de los ciudadanos queda regulada por el sufragio censitario. Según el esquema liberal, todos eran ciudadanos pero, en la práctica, unos tenían más derechos que otros. Esto motivó que surgieran fuertes tensiones que, en ocasiones, desembocaban en episodios de violencia social.

·         Clase dirigente: formada por la vieja nobleza, las altas jerarquías del Ejército, de la Administración, de la Iglesia y la alta burguesía.

o   Nobleza. Perdió sus privilegios estamentales, pero se benefició de la legislación liberal sobre la propiedad porque se convirtió en propietaria y, gracias a la desamortización, logró un gran número de propiedades. Conservó un fuerte poder político gracias a su influencia sobre la reina, en el ejército y su control del Senado. En muchos casos, sus intereses coincidían con los de la alta burguesía (Bolsa, deuda pública, banca, ferrocarril). La alta burguesía y las clases medias trataban de imitar el comportamiento y el modo de vida de la nobleza.

o   Altos mandos del Ejército, jerarquía eclesiástica y los funcionarios de alto rango de la Administración. Contribuyeron a sostener a la clase dirigente evitando la democratización del sistema político, frenando cualquier intento revolucionario y creando en el pueblo una mentalidad religiosa y tradicionalista enemiga de los cambios.

o   Alta burguesía. Burguesía terrateniente y rentista: surgida de la desamortización, no invertía en la mejora de las explotaciones agrarias y su forma de vida era semejante a la de la nobleza. Burguesía comercial: importante en las ciudades costeras y vivían del comercio y de los suministros y contratos estatales. Burguesía financiera: grandes banqueros, financieros y prestamistas que formaron las sociedades de crédito que impulsaron la construcción ferroviaria. Burguesía profesional: abogados, médicos, dirigentes políticos; era un grupo reducido pero de gran importancia en la dirección política del país. Grandes industriales: partidarios del proteccionismo y de una legislación laboral favorable a sus intereses.
  
   La clase dirigente acaparaba totalmente los centros del poder (gobierno, Cortes, poder judicial, etc) y  su nivel de vida era altísimo y su forma de vida se caracterizaba por el ocio, el gasto y la ostentación. Constituía un grupo cerrado, reforzado por el matrimonio entre sus miembros, y su moral era estricta cara al exterior (misa, comunión diaria...), aunque en la intimidad sus costumbres eran relajadas.

·         Clases medias: Grupo heterogéneo formado por los pequeños propietarios rurales, oficiales del Ejército, empleados públicos, abogados, médicos, profesores, pequeños comerciantes, artesanos y pequeños industriales. Presentan las siguientes características:
o   Sus ingresos son superiores a los de los obreros industriales y campesinos, pero precarios. Fuerte dependencia de la situación económica del momento: precios, cosechas, etc.
o   Obsesionados por “el qué dirán” y por aparentar lo que no eran.
o   Ideológicamente conservadores, ya que temían los cambios y caer en la proletarización. Por eso, apoyaban a los gobiernos que garantizaban el orden y la propiedad, símbolos de la vida burguesa con la que se identificaban.
o   En la mayoría de los caso, su bajo nivel de renta les impedía votar, pero era un grupo esencial para el mantenimiento de la clase dirigente. Su importancia consistía en su no actividad política, como se demostró cuando dejaron de apoyar a la monarquía de Isabel II en 1868.
o   Un sector minoritario (intelectuales) apoyaban a los demócratas.

·         Clases populares: campesinos, obreros industriales, trabajadores domésticos, etc.

o   Campesinos. Era el grupo social más numeroso del país (en 1860 el 80% de la población). Durante este período, su nivel de vida disminuyó como consecuencia de la caída de los precios agrícolas y las desamortizaciones. La sociedad rural era tradicionalista y conservadora, especialmente en el norte y en Castilla. La mayor parte de los campesinos eran analfabetos. La Iglesia y los caciques locales ejercían una función de control sobre la población campesina, que sólo se movilizaba en momentos de malas cosechas. Durante el reinado de Isabel II no actuaron políticamente, pero, a partir de 1868, la indiferencia de progresistas, demócratas y republicanos ante los problemas del campo hizo que muchos campesinos apoyaran el anarquismo.

o   Obreros industriales. Era un grupo reducido (4% en 1860), importante en el País Vasco, Madrid, Barcelona y Asturias. Se concentraban en barrios periféricos, carentes de servicios como alumbrado, recogida de basuras, sin ningún tipo de asistencia pública o privada. Estos barrios eran focos de enfermedades infecciosas (tuberculosis, cólera). Sus condiciones laborales y de vida eran muy duras: jornadas laborales de 12 a 14 horas, accidentes frecuentes, trabajo femenino e infantil (desde los seis años), salarios muy bajos, analfabetismo, alcoholismo, etc. A partir de 1830, aparecieron de forma clandestina las primeras organizaciones obreras. En 1840 se fundó la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón, cuyo objetivo era la defensa de los salarios, que fue prohibida en 1844. La primera gran movilización obrera fue la huelga general de Barcelona de 1855 como protesta por la mecanización de la industria textil. El Bienio demostró que los progresistas defendían los intereses de los patronos. Hasta la revolución de 1868, los obreros apoyaron a los demócratas y republicanos, posteriormente se organizaron en sindicatos anarquistas y socialistas y en Partido Socialista Obrero Español.



c)     Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España

   A partir de 1830, aparecieron de forma clandestina las primeras organizaciones obreras. En 1840 se fundó la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón, cuyo objetivo era la defensa de los salarios, que fue prohibida en 1844. La primera gran movilización obrera fue la huelga general de Barcelona de 1855 como protesta por la mecanización de la industria textil. El Bienio demostró que los progresistas defendían los intereses de los patronos. Hasta la Revolución de 1868, los obreros apoyaron a los demócratas y republicanos, posteriormente se organizaron en sindicatos anarquistas y socialistas y en Partido Socialista Obrero Español.
   Durante el Sexenio, se asimilaron las principales corrientes ideológicas europeas: marxismo y anarquismo. La Constitución de 1869 reconocía el derecho de asociación, lo que permitió el surgimiento de numerosas organizaciones obreras. En 1870 Fanelli llegó a España para organizar la sección española de la I Internacional. Un año después, Lafargue agrupó a las asociaciones marxistas. Tras producirse la división de la I Internacional en 1872, la sección española apoyó mayoritariamente a la tendencia anarquista. Las organizaciones obreras vinculadas a la I Internacional fueron declaradas ilegales en 1874.

Anarquismo

   La ideología anarquista presenta los siguientes rasgos:
·         La defensa de la libertad individual. Se rechaza cualquier tipo de autoridad y se defiende la abolición del Estado y de sus instituciones.
·         La supresión de la propiedad privada. Se defiende el colectivismo, es decir, la sociedad debe organizarse a través de unidades autosuficientes (comunas), en las que los factores de producción fueran de propiedad colectiva.
·         El apoliticismo. Rechazan la participación en la vida política porque consideran que la política es corrupta. Sólo aceptan la vía sindical.
·         El anticlericalismo, es decir, consideran que la religión y la Iglesia son obstáculos para la libertad del hombre.
·         La defensa de la revolución y de la huelga como instrumentos para acabar con el Estado burgués opresor.
   Tras la ilegalización de las organizaciones obreras vinculadas a la I Internacional en 1874, éstas actuaron en la clandestinidad. En 1881 el gobierno de Sagasta declaró legales todas las asociaciones obreras, lo que permitió el surgimiento de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), que tenía sus principales apoyos en Cataluña y Andalucía. En su seno, se distinguen dos corrientes: la catalana (integrada por obreros industriales y partidaria de la acción sindical) y la andaluza (formada por campesinos y partidaria de acciones violentas). En este contexto, se produjo el asunto de la Mano Negra, sociedad secreta, a la que se acusó de delitos contra el Estado, la propiedad y las clases acomodadas. La consecuencia fue la identificación del anarquismo andaluz y de la FTRE con toda clase de crímenes. En 1887 la FTRE desapareció.
   Durante los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, cobraron importancia las organizaciones anarquistas que practicaban la propaganda de hecho (atentados, asesinatos, etc.). Fueron frecuentes los atentados y los asesinatos como la bomba en el Liceo (1893), el asesinato de Cánovas (1897), los atentados contra Alfonso XIII (1905 y 1906), el asesinato de Canalejas (1912), etc. La represión policial fue muy intensa y el movimiento obrero anarquista se debilitó. En 1907 se formó Solidaridad Obrera al agruparse a una serie de organizaciones anarquistas catalanas y que tuvo un papel muy destacado en la Semana Trágica. (1909).
   La celebración de un Congreso anarquista en Barcelona en 1910 fue muy importante para el desarrollo del movimiento anarquista porque se tomó la decisión de constituir la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que surge en 1911. Esta organización estableció las bases del sindicalismo revolucionario, cuyos instrumentos eran la huelga general revolucionaria, la acción directa (atentados, sabotajes, etc.) y la práctica de un radical antiparlamentarismo (apoliticismo). Las principales bases de la CNT se localizaron en Cataluña, Andalucía, Valencia, Aragón, Madrid, algunas zonas de Castilla y del Norte. El mismo año de su fundación fue declarada ilegal, situación que finalizó en 1914. A partir de ese momento, tuvo un importante desarrollo, llegando a los 750000 afiliados en 1919.

Socialismo

   La corriente marxista del movimiento obrero fue, en un primer momento, minoritaria. Un grupo de tipógrafos madrileños fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879. Su líder fue Pablo Iglesias y Jaime Vera uno de los principales teóricos. Los principios teóricos del socialismo, que se recogen en el programa fundacional del PSOE, eran los siguientes:
a)      La abolición de las clases sociales y la emancipación de los trabajadores.
b)      La transformación de la propiedad privada en propiedad colectiva.
c)      La conquista del poder político por la clase trabajadora.
   Junto a estos principios, se incluyen algunas reivindicaciones laborales, sociales y políticas:
  • Libertades políticas.
  • Legalización de las huelgas.
  • Reducción de la jornada laboral.
  • Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores.
  • Prohibición del trabajo a niños menores de nueve años.

   El objetivo esencial del socialismo era la revolución, es decir, la toma del poder político por el proletariado y el establecimiento de una sociedad sin clases. Hasta llegar a ese momento, era necesario atravesar una larga fase de organización y propaganda en la que la lucha debería ser pacífica, participando en la vida política y en los procesos electorales con la finalidad de difundir el mensaje marxista entre las clases trabajadoras.
   En 1888 se fundó la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato socialista cuyos objetivos eran plantear reivindicaciones de carácter laboral y la defensa de la clase trabajadora. El PSOE y la UGT fueron liderados por Pablo Iglesias hasta su fallecimiento en 1925.
   Las dos organizaciones socialistas mantuvieron malas relaciones con las agrupaciones anarquistas porque, además de las diferencias ideológicas y estratégicas, rechazaban el uso de la violencia que practicaban algunas asociaciones anarquistas.
   Desde 1890, el PSOE presentó candidatos a las elecciones y obtuvieron algunos éxitos en las elecciones municipales, sobre todo en las principales ciudades. Su denuncia de la Guerra de Cuba y su falta de responsabilidad en el desastre del 98 fueron factores decisivos para difundir el mensaje socialista e incrementar la afiliación. Las principales bases del PSOE y de la UGT fueron las regiones industriales del País Vasco, Asturias y Madrid. En 1919 la UGT tenía 240000 afiliados.
   En el año 1909 y hasta 1919, se formó una coalición con los republicanos (conjunción republicano-socialista). La razón fue la durísima represión del gobierno de Maura tras los sucesos de la Semana Trágica. Fruto de esta coalición fue la elección de Pablo Iglesias como diputado por Madrid en 1910. En 1914, el PSOE era un partido pequeño, pero su fuerza se extendía a las clases medias atraídas por la postura anticolonialista y pacifista cuando se estaba desarrollando la Guerra de Marruecos.
   Un hecho fundamental en la evolución del socialismo fue la división interna provocada por el triunfo de la Revolución rusa. El gobierno comunista decidió formar la III Internacional (1919), e invitó a sumarse a todos los partidos socialistas del mundo. El PSOE se mantuvo dentro de la Internacional socialista, aunque un sector minoritario, los terceristas, fundaron el Partido Comunista de España en 1921. Pese a la ruptura interna, en las elecciones de 1923, el PSOE consiguió un gran éxito logrando siete diputados y la victoria en Madrid.

3)    Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. La educación y la prensa.

a)    Educación.

   Los ilustrados consideraban que la educación era un factor de progreso y pidieron su extensión entre las clases populares para combatir el problema del analfabetismo. Algunos de ellos, como Jovellanos, reclamaron la creación de una red de escuelas de enseñanza primaria dependientes del Estado. Sin embargo, durante gran parte del siglo XIX,  la tasa de analfabetismo se situaba en torno al 80%, aunque ese porcentaje era muy superior entre las mujeres.
  La situación no había mejorado mucho a finales de siglo. La tasa de analfabetismo era del 63,8% en 1900 (16,5% en Francia). Los gobiernos de la Restauración no se preocuparon de la extensión de la educación y, además, defendían un modelo educativo clasista: sólo estudiaban quienes podían pagarse los estudios.
   La reforma educativa más importante del siglo XIX fue la denominada Ley Moyano de 1857, que recibe su nombre del ministro que la impulsó, Claudio Moyano. Esta ley dividía el sistema educativo en tres etapas: primaria, media y superior.
   A principios del siglo XIX, las escuelas primarias sólo garantizaban la escolarización a una cuarta parte de los niños en edad escolar. Los municipios eran los encargados del  control de las escuelas primarias, aunque los fondos eran muy escasos y, en muchos casos, los maestros no tenían la formación suficiente. La Iglesia, a través de las escuelas parroquiales, contribuyó a la alfabetización de las clases humildes. Las clases medias urbanas se educaban en escuelas privadas y las clases altas tenían preceptores para sus hijos. La Ley Moyano estableció que la enseñanza primaria (niños de 6 a 9 años) fuera obligatoria, pero no gratuita. Los ayuntamientos eran los encargados de la construcción de las escuelas, de mantenerlas y pagar el sueldo a los maestros.
    La enseñanza secundaria, a principios del siglo XIX, tenía un carácter minoritario y elitista. La Ley Moyano decretó que debía haber un Instituto de Enseñanza Media por provincia, salvo en Madrid, donde habría dos: uno para alumnos y otro para alumnas. En un primer momento, dependerían de las Diputaciones Provinciales y, posteriormente, del Estado. La ley fijaba otras condiciones como la titulación de los profesores, los libros de texto, etc. La tendencia en la educación media fue la proliferación de colegios asimilados religiosos, es decir, aquellos que podían conceder el título de bachiller sin que fuera necesario que el examen se realizara ante profesores de institutos públicos.
   Aunque fue objeto de una atención preferente, la enseñanza universitaria presentaba una estructura arcaica y las universidades españolas impartían saberes tradicionales, alejados de las nuevas corrientes científicas y filosóficas. Durante la primera mitad del siglo XIX, se establecieron diversos planes (Plan Caballero de 1807, Plan Rivas de 1835, Plan Pidal de 1845) que pretendían configurar una universidad liberal y lograr la modernización y la secularización de las facultades, además,  de un mayor control por parte del Estado. Así, surgieron nuevas facultades o escuelas universitarias como Farmacia, Veterinaria, Caminos, Canales y Puertos, Minas, Agricultura, Bellas Artes, etc. También se dividió el territorio nacional en distritos universitarios, división que se ha mantenido hasta nuestros días. La más importante era la Universidad Central de Madrid. Sin embargo, la universidad española se caracterizaba por su escasa labor investigadora y porque los profesores consideraban su acceso a la cátedra como un medio de promoción para la realización de actividades privadas: carrera política, negocios privados, etc.

b)      Prensa

   Tuvo una gran importancia como instrumento de información y de creación de opinión. Una de las cuestiones básicas durante el siglo XIX fue la de la libertad de imprenta. En las etapas autoritarias, la censura impidió la publicación de periódicos políticos, permitiéndose sólo otro tipo de publicaciones como literarias, culturales, etc.
   El nacimiento de la prensa moderna (la que es capaz de crear opinión pública) se produce durante los años de la Guerra de la Independencia. Además, una constante del siglo XIX es la identificación de los periódicos con los grupos políticos. Por otro lado, el periodismo se utilizó como medio para iniciar la carrera política (Cánovas, Sagasta, etc.)
   En un primer momento, los periódicos tenían un formato pequeño y con muy pocas páginas. A mediados de siglo, surgió el formato actual: mayor tamaño, división en secciones, aparición de anuncios comerciales, más páginas, etc. También surgieron las revistas ilustradas de entretenimiento y divulgación científica dirigidas a las clases medias.
   En el último tercio del siglo XIX, apareció el periodismo informativo. Los periódicos se vinculaban no a una corriente política, sino a una empresa capitalista, los periodistas eran profesionales y utilizaban medios modernos para la recepción de noticias (telégrafo) y la distribución (ferrocarril). Uno de los antecedentes de este tipo de periódico fue El Imparcial (1867). A finales del XIX, se produce una proliferación del número de periódicos, algunos de ellos vinculados a corrientes ideológicas como La Época (conservador), El Liberal (liberal), El Socialista (PSOE), La Acracia (anarquista), etc.

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