Ley Orgánica del Estado de 1967
A lo largo de
seis lustros, el Estado nacido el 18 de julio de 1936 ha realizado una honda
labor de reconstrucción en todos los órdenes de la vida nacional. Nuestra
legislación fundamental ha avanzado al compás de las necesidades patrias
consiguiendo, gracias a su paulatina promulgación, el arraigo de las
instituciones, al tiempo que las ha preservado de las rectificaciones
desorientadoras que hubieran sido consecuencia inevitable de toda decisión
prematura.
Las leyes
hasta ahora promulgadas abarcan la mayor parte de las materias que demanda un
ordenamiento institucional. En la Ley de Principios del Movimiento se recogen
las directrices que inspiran nuestra política y que han de servir de guía
permanente y de sustrato inalterable a toda acción legislativa y de gobierno.
En el Fuero de los Españoles y el Fuero del Trabajo, se definen los derechos y
deberes de los españoles y se ampara su ejercicio. La Ley de Referéndum somete
a consulta y decisión directa del pueblo los proyectos de ley cuya
trascendencia lo aconseje o el interés público lo demande. La Ley de Cortes
establece la composición y atribuciones del órgano superior de participación
del pueblo español en las tareas del Estado. Y en la Ley de Sucesión se declara
España, como unidad política, constituida en Reino y se crea el Consejo del
Reino que habrá de asistir al Jefe del Estado en todos los asuntos y
resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia.
No obstante,
la vitalidad jurídica y el vigor político del Régimen, su adecuación a las necesidades
actuales y la perspectiva que su dilatada vigencia proporciona, permiten y
aconsejan completar y perfeccionar la legislación fundamental. Es llegado el
momento oportuno para culminar la institucionalización del Estado nacional;
delimitar las atribuciones ordinarias de la suprema magistratura del Estado al
cumplirse las previsiones de la Ley de Sucesión; señalar la composición del
Gobierno, el procedimiento para el nombramiento y cese de sus miembros, sus
responsabilidades e incompatibilidades; establecer la organización y funciones
del Consejo Nacional; dar carácter fundamental a las bases por que se rigen la
Justicia, las Fuerzas Armadas y la Administración Pública; regular las
relaciones entre la Jefatura del Estado, las Cortes, el Gobierno y el Consejo
del Reino; señalar la forma de designación, duración del mandato y cese del
Presidente de las Cortes y los Presidentes de los más altos Tribunales y
Cuerpos consultivos, y abrir un cauce jurídico para la impugnación de cualquier
acto legislativo o de gobierno que vulnere nuestro sistema de Leyes
fundamentales.
A estos fines
responde la presente Ley, que viene a perfeccionar y encuadrar en un armónico
sistema las instituciones del Régimen, y a asegurar de una manera eficaz para
el futuro la fidelidad por parte de los más altos órganos del Estado a los
Principios del Movimiento Nacional.
En su virtud,
en ejercicio de la facultad legislativa que me confieren las Leyes de 30 de
enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, de conformidad con el acuerdo de las Cortes
Españolas adoptado en su Sesión Plenaria del día 22 de noviembre último, y con
la expresión auténtica y directa del pueblo español, manifestada por la
aprobación del 85,50 por 100 del cuerpo electoral, que representa el 95,86 por
100 de los votantes, en el Referéndum nacional celebrado el día 14 de diciembre
de 1966, dispongo:
Título I. El Estado Nacional
Artículo 1.
I. El Estado español, constituido en Reino, es la suprema institución de la
comunidad nacional.
II. Al Estado incumbe el ejercicio de la soberanía a través de los órganos
adecuados a los fines que ha de cumplir.
I. La soberanía nacional es una e indivisible, sin que sea susceptible de
delegación ni cesión.
II. El sistema institucional del Estado español responde a los principios
de unidad de poder y coordinación de funciones.
Artículo 3. Son fines fundamentales del Estado:
1. La defensa de la unidad entre los hombres y entre las tierras de España;
2. El mantenimiento de la integridad, independencia y seguridad de la
Nación;
3. La salvaguardia del patrimonio espiritual y material de los españoles;
4. El amparo de los derechos de la persona, de la familia y de la sociedad;
y
5. La promoción de un orden social justo en el que todo interés particular
quede subordinado al bien común. Todo ello bajo la inspiración y la más
estricta fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional promulgados por la
Ley fundamental de 17 de mayo de 1958, que son, por su propia naturaleza,
permanentes e inalterables.
Artículo 4. El Movimiento Nacional, comunión de los españoles en los Principios a que
se refiere el Artículo anterior, informa el orden político, abierto a la
totalidad de los españoles y, para el mejor servicio de la Patria, promueve la
vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios.
Artículo 5. La bandera nacional es la compuesta por tres franjas horizontales: roja,
gualda y roja; la gualda, de doble anchura que las rojas.
Título II. El Jefe del Estado
Artículo 6. El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica
la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo;
ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta
observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino,
así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y
asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida
coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su
ejecución; ejerce el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; vela
por la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del
Estado en el exterior; en su nombre se administra justicia; ejerce la prerrogativa
de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos públicos y
honores; acredita y recibe a los representantes diplomáticos y realiza cuantos
actos le corresponden con arreglo a las Leyes fundamentales del Reino.
Artículo 7. Corresponde, particularmente, al Jefe del Estado:
a) Convocar las Cortes con arreglo a la Ley, así como presidirlas en la
sesión de apertura de cada legislatura y dirigirles, de acuerdo con el
Gobierno, el discurso inaugural y otros mensajes.
b) Prorrogar por el tiempo indispensable, a instancia de las Cortes o del
Gobierno y de acuerdo con el Consejo del Reino, una legislatura cuando exista
causa grave que impida la normal renovación de los procuradores.
c) Someter a referéndum de la Nación los proyectos de ley a que se refiere
el párrafo segundo del Artículo 1 de la Ley de Sucesión y el Artículo 1 de la
Ley de Referéndum.
d) Designar y relevar de sus funciones al Presidente del Gobierno, al
Presidente de las Cortes y demás Altos Cargos en la forma prevista por las
Leyes.
e) Convocar y presidir el Consejo de Ministros y la Junta de Defensa
Nacional cuando asista a sus reuniones.
f) Presidir, si lo estima oportuno, las deliberaciones del Consejo del
Reino y del Consejo Nacional, siempre que las de aquél no afecten a su persona
o a la de los herederos de la Corona. En ningún caso las votaciones se
realizarán en presencia del Jefe del Estado.
g) Pedir dictamen y asesoramiento al Consejo del Reino.
h) Recabar informes del Consejo Nacional.
I. La persona del Jefe del Estado es inviolable. Todos los españoles le
deberán respeto y acatamiento.
II. Todo lo que el Jefe del Estado disponga en el ejercicio de su autoridad
deberá ser refrendado, según los casos, por el Presidente del Gobierno o el Ministro
a quien corresponda, el Presidente de las Cortes o el Presidente del Consejo
del Reino, careciendo de valor cualquier disposición que no se ajuste a esta
formalidad.
III. De los actos del Jefe del Estado serán responsables las personas que
los refrenden.
Artículo 9. El Jefe del Estado necesita una ley, o, en su caso, acuerdo o autorización
de las Cortes, a los fines siguientes:
a) Ratificar tratados o convenios internacionales que afecten a la plena
soberanía o a la integridad del territorio español.
b) Declarar la guerra y acordar la paz.
c) Realizar los actos a que hace referencia el Artículo 2 de la Ley de
Sucesión y los que vengan determinados en otros preceptos de las Leyes
fundamentales del Reino.
Artículo 10. El Jefe del Estado estará asistido por el Consejo del Reino, para:
a) Proponer a las Cortes aquellos actos que, según lo dispuesto en el
Artículo anterior, requieran una ley, acuerdo o autorización de las mismas.
b) Devolver a las Cortes para nuevo estudio una ley por ellas elaborada.
c) Prorrogar una legislatura por causa grave y por el tiempo indispensable.
d) Adoptar medidas excepcionales cuando la seguridad exterior, la
independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el sistema
institucional del Reino estén amenazados de modo grave e inmediato, dando
cuenta documentada a las Cortes.
e) Someter a referéndum nacional los proyectos de ley trascendentales
cuando ello no sea preceptivo.
f) Adoptar las demás determinaciones para las que una Ley fundamental
establezca este requisito.
Artículo 11.Durante las ausencias del Jefe del Estado del territorio nacional, o en
caso de enfermedad, asumirá sus funciones el heredero de la Corona si lo
hubiere y fuese mayor de treinta años o, en su defecto, el Consejo de Regencia.
En todo caso, el Presidente del Gobierno dará cuenta a las Cortes.
Artículo 12. La tutela de las personas reales menores de edad llamadas a la sucesión o
del Rey incapacitado, será aprobada por las Cortes a propuesta del Consejo del
Reino. La designación ha de recaer en persona de nacionalidad española que
profese la religión católica y es incompatible con el ejercicio de la Regencia,
de la Presidencia del Gobierno o de la Presidencia de las Cortes.
Título III. El Gobierno de la Nación
I. El Jefe del Estado dirige la gobernación del Reino por medio del Consejo
de Ministros.
II. El Consejo de Ministros, constituido por el Presidente del Gobierno, el
Vicepresidente o Vicepresidentes, si los hubiere, y los Ministros, es el órgano
que determina la política nacional, asegura la aplicación de las leyes, ejerce
la potestad reglamentaria y asiste de modo permanente al Jefe del Estado en los
asuntos políticos y administrativos.
III. Los acuerdos del Gobierno irán siempre refrendados por su Presidente o
por el Ministro a quien corresponda.
I. El Presidente del Gobierno habrá de ser español y será designado por el
Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino.
II. Su mandato será de cinco años. Quince días antes de expirar éste, el
Consejo del Reino elevará la propuesta a que se refiere el párrafo anterior.
III. El cargo de Presidente del Gobierno tendrá las incompatibilidades que
señalen las Leyes.
IV. Corresponde al Presidente del Gobierno representar al Gobierno de la
Nación, dirigir la política general y asegurar la coordinación de todos los
órganos de gobierno y administración.
V. El Presidente del Gobierno, en nombre del Jefe del Estado, ejerce la
Jefatura Nacional del Movimiento, asistido del Consejo Nacional y del
Secretario General.
Artículo 15. El Presidente del Gobierno cesará en su cargo:
a) Por expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión por el Jefe del Estado,
oído el Consejo del Reino.
c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo del Reino.
d) A propuesta del Consejo del Reino, por incapacidad apreciada por los dos
tercios de sus miembros.
I. En caso de
fallecimiento del Presidente del Gobierno o en los supuestos de los apartados
b), c) y d) del Artículo anterior, asumirá interinamente sus funciones el
Vicepresidente o Vicepresidentes por el orden que se establezca, o si no
hubiese Vicepresidente, el Ministro que designe el Jefe del Estado.
II. En el plazo
de diez días, se procederá a nombrar nuevo Presidente en la forma establecida
en el Artículo 14.
I. Los demás miembros del Gobierno serán españoles y su nombramiento y
separación se efectuará por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del
Gobierno.
II. Sus cargos tendrán las incompatibilidades que señalen las Leyes.
Artículo 18. Los miembros del Gobierno cesarán en sus cargos:
a) Al cambiar el Presidente del Gobierno.
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno, aceptada por el Jefe del
Estado.
c) A petición propia, cuando haya sido aceptada la dimisión por el Jefe del
Estado, a propuesta del Presidente del Gobierno.
Artículo 19. El Presidente y los demás miembros del Gobierno, antes de tomar posesión
de sus cargos, prestarán ante el Jefe del Estado juramento de fidelidad a éste,
a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino,
así como de guardar secreto de sus deliberaciones.
Artículo 20.
I. El Presidente y los demás miembros del Gobierno son solidariamente
responsables de los acuerdos tomados en Consejo de Ministros. Cada uno de ellos
responderá de los actos que realice o autorice en su Departamento.
II. La responsabilidad penal del Presidente y de los demás miembros del
Gobierno y la civil por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones,
se exigirá ante el Tribunal Supremo de Justicia en pleno.
Título IV. El Consejo Nacional
Artículo 21. Son fines del Consejo Nacional, como representación colegiada del
Movimiento, los siguientes:
a) Fortalecer la unidad entre los hombres y entre las tierras de España.
b) Defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional y velar
porque la transformación y desarrollo de las estructuras económicas, sociales y
culturales se ajusten a las exigencias de la justicia social.
c) Velar por el desarrollo y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidas por las Leyes fundamentales y estimular la participación auténtica
y eficaz de las entidades naturales y de la opinión pública en las tareas
políticas.
d) Contribuir a la formación de las juventudes españolas en la fidelidad a
los Principios del Movimiento Nacional e incorporar las nuevas generaciones a
la tarea colectiva.
e) Encauzar, dentro de los Principios del Movimiento, el contraste de
pareceres sobre la acción política.
f) Cuidar de la permanencia y perfeccionamiento del propio Movimiento
Nacional.
Artículo 22. El Consejo Nacional estará constituido por los siguientes Consejeros:
a) Un Consejero elegido por cada provincia, en la forma que establezca la
Ley orgánica correspondiente.
b) Cuarenta Consejeros designados por el Caudillo entre personas de
reconocidos servicios. Al cumplirse las previsiones sucesorias, estos cuarenta
Consejeros adquirirán el carácter de permanentes hasta cumplir la edad de
setenta y cinco años, y las vacantes que en lo sucesivo se produzcan entre los
mismos se proveerán por elección mediante propuesta en terna de este grupo de
Consejeros al Pleno del Consejo.
c) Doce Consejeros representantes de las estructuras básicas de la
comunidad nacional:
1. Cuatro elegidos entre sus miembros por los procuradores en Cortes
representantes de la Familia.
2. Cuatro elegidos entre sus miembros por los procuradores en Cortes
representantes de las Corporaciones locales.
3. Cuatro elegidos entre sus miembros por los procuradores en Cortes
representantes de la Organización Sindical.
d) Seis Consejeros designados por el Presidente del Consejo entre personas
que presten relevantes servicios a los fines enumerados en el Artículo
anterior.
e) El Secretario General, que ejercerá las funciones de Vicepresidente.
Artículo 23. Para el cumplimiento de los fines señalados en el Artículo 21, el Consejo
Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
a) Promover la acomodación de las leyes y disposiciones generales a los
Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino,
ejerciendo a este efecto el recurso de contrafuero previsto en el Título X de
esta Ley.
b) Sugerir al Gobierno la adopción de cuantas medidas estime convenientes a
la mayor efectividad de los Principios del Movimiento y demás Leyes
fundamentales del Reino y, en todo caso, conocer e informar, antes de su
remisión a las Cortes, cualquier proyecto o modificación de Ley fundamental.
c) Elevar al Gobierno los informes o memorias que considere oportunos y
evacuar las consultas que aquél le someta, pudiendo, a tales efectos, requerir
los antecedentes que considere convenientes.
Artículo 24. El Consejo Nacional funcionará en Pleno y en Comisión Permanente con
arreglo a lo que disponga su Ley orgánica.
Artículo 25. El Presidente del Gobierno, por su condición de Jefe Nacional del
Movimiento por delegación del Jefe del Estado, ejercerá la Presidencia del
Consejo Nacional y de su Comisión Permanente, asistido del Secretario General,
en quien podrá delegar las funciones que estime convenientes.
Artículo 26. El Secretario General será designado por el Jefe del Estado a propuesta
del Presidente del Gobierno. El cargo de Secretario General tendrá las
incompatibilidades que señalen las Leyes.
I. El Presidente del Consejo Nacional cesará en su cargo al cesar en el de
Presidente del Gobierno.
II. El Secretario General cesará en su cargo:
a) Al cambiar el Presidente del Gobierno.
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno, aceptada por el Jefe del Estado.
c) A petición propia, cuando haya sido aceptada su dimisión por el Jefe del
Estado a propuesta del Presidente del Gobierno.
III. Los Consejeros nacionales cesarán en su cargo:
a)
Al término de su mandato, los de los grupos a) y c);
al cumplir los setenta y cinco años, los del grupo b), y por decisión del
Presidente del Consejo, los del d).
b) A petición propia, cuando haya sido aceptada su dimisión por el Jefe del
Estado, a propuesta del Presidente del Consejo.
c) Por incapacidad apreciada por el Consejo.
d) Por las demás causas que den lugar a su cese como procurador en Cortes.
Artículo 28. Una Ley orgánica establecerá las normas que regulen el Consejo Nacional.
Título V. La Justicia
Artículo 29. La Justicia gozará de completa independencia. Será administrada en nombre
del Jefe del Estado, de acuerdo con las leyes, por Jueces y Magistrados
independientes, inamovibles y responsables con arreglo a la Ley.
Artículo 30. Todos los españoles tendrán libre acceso a los Tribunales. La Justicia
será gratuita para quienes carezcan de medios económicos.
Artículo 31. La función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los
juicios civiles, penales, contencioso-administrativos, laborales y demás que
establezcan las Leyes, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados en la Ley orgánica de la Justicia, según su diversa competencia.
I. La Jurisdicción Militar se regirá por las leyes y disposiciones que
privativamente la regulan.
II. La Jurisdicción Eclesiástica tendrá por ámbito el que establezca el
Concordato con la Santa Sede.
Artículo 33. La alta inspección de la Justicia corresponde al Presidente del Tribunal
Supremo, el cual será designado entre juristas españoles de reconocido
prestigio.
Artículo 34. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados
ni jubilados, sino por algunas de las causas y con las garantías prescritas en
las Leyes.
I. El Ministerio Fiscal, órgano de comunicación entre el Gobierno y los
Tribunales de Justicia, tiene por misión promover la acción de la Justicia en
defensa de los intereses públicos tutelados por la ley y procurar ante los
Juzgados y Tribunales el mantenimiento del orden jurídico y la satisfacción del
interés social.
II. Las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal se ejercerán por medio
de sus órganos, ordenados conforme a los principios de unidad y dependencia
jerárquica.
Artículo 36. Las autoridades y organismos de carácter público, así como los
particulares, están obligados a prestar a los Juzgados y Tribunales el auxilio
necesario para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Título VI. Las Fuerzas Armadas
Artículo 37. Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e
independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad
nacional y la defensa del orden institucional.
Artículo 38. Una Junta de Defensa Nacional, integrada por el Presidente del Gobierno,
los Ministros de los Departamentos militares, el Jefe del Alto Estado Mayor y
los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, propondrá al
Gobierno las líneas generales concernientes a la seguridad y defensa nacional.
A esta Junta de Defensa Nacional podrán ser incorporados los Ministros o Altos
Cargos que, por el carácter de los asuntos a tratar, se considere conveniente.
Artículo 39. Un Alto Estado Mayor, dependiente del Presidente del Gobierno, será el
órgano técnico de la Defensa Nacional, con la misión de coordinar la acción de
los Estados Mayores de los tres Ejércitos.
Título VII. La Administración del Estado
I. La Administración, constituida por órganos jerárquicamente ordenados,
asume el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz
satisfacción del interés general.
II. Los órganos superiores de la Administración, su respectiva competencia
y las bases del régimen de sus funcionarios, vendrán determinados por Ley.
III. La Administración estará asesorada por los órganos consultivos que
establezca la ley.
IV. El Consejo de Estado es el Supremo Cuerpo Consultivo de la
Administración, y su competencia y funcionamiento se ajustarán a lo que
disponga la ley.
V. El Consejo de Economía Nacional es el órgano consultivo, asesor y
técnico en los asuntos de importancia que afecten a la economía nacional.
I. La Administración no podrá dictar disposiciones contrarias a las Leyes,
ni regular, salvo autorización expresa de una Ley, aquellas materias que sean
de la exclusiva competencia de las Cortes.
II. Serán nulas las disposiciones administrativas que infrinjan lo
establecido en el párrafo anterior.
I. Las resoluciones y acuerdos que dicte la Administración lo serán con
arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.
II. Contra los actos y acuerdos que pongan fin a la vía administrativa
podrán ejercitarse las acciones y recursos que procedan ante la jurisdicción
competente, de acuerdo con las leyes.
III. La responsabilidad de la Administración y de sus autoridades, funcionarios
y agentes podrá exigirse por las causas y en la forma que las Leyes determinan.
Artículo 43. Todas las autoridades y funcionarios públicos deben fidelidad a los
Principios del Movimiento Nacional y
demás Leyes fundamentales del Reino y prestarán, antes de tomar posesión de sus
cargos, el juramento correspondiente.
Artículo 44. Al Tribunal de Cuentas del Reino corresponde, con plena independencia, el
examen y comprobación de las cuentas expresivas de los hechos realizados en
ejercicio de las Leyes de Presupuestos y de carácter fiscal, así como las
cuentas de todos los organismos oficiales que reciban ayuda o subvención con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos autónomos, y
realizar las demás funciones que le señale su Ley orgánica.
Título VIII. La Administración Local
I. Los Municipios son entidades naturales y constituyen estructuras básicas
de la comunidad nacional, agrupándose territorialmente en Provincias.
II. La Provincia es circunscripción determinada por la agrupación de
Municipios, a la vez que división territorial de la Administración del Estado.
También podrán establecerse divisiones territoriales distintas de la Provincia.
I. Los Municipios y las Provincias tienen personalidad jurídica y capacidad
plena para el cumplimiento de sus fines peculiares en los términos establecidos
por las leyes, sin perjuicio de sus funciones cooperadoras en los servicios del
Estado.
II. Las Corporaciones municipales y provinciales, órganos de representación
y gestión del Municipio y la Provincia, respectivamente, serán elegidas por
sufragio articulado a través de los cauces representativos que señala el
Artículo 10 del Fuero de los Españoles.
Artículo 47. El Estado promueve el desarrollo de la vida municipal y provincial,
protege y fomenta el patrimonio de las Corporaciones locales y asegura a éstas
los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 48. El régimen de la Administración local y de sus Corporaciones, de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos anteriores y las garantías
exigidas por el bien común en este orden, vendrá determinado por la Ley.
Título IX. Relaciones entre los altos órganos del
Estado
Artículo 49. Las Cortes españolas serán inmediatamente informadas del nombramiento de
nuevo Gobierno y de la sustitución de cualquiera de sus miembros.
Artículo 50. Además de su participación en las tareas legislativas, compete a las
Cortes, en relación con el Jefe del Estado:
a) Recibir al Jefe del Estado y al heredero de la Corona, al cumplir éste
los treinta años, juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento y
demás Leyes fundamentales del Reino.
b) Resolver, de acuerdo con la Ley de Sucesión, todas las cuestiones que
puedan surgir en orden a la sucesión en la Jefatura del Estado.
c) Autorizar al Jefe del Estado para realizar aquellos actos que, por Ley
fundamental, requieran la intervención de las Cortes.
d) Las demás que a este respecto les confieran las Leyes fundamentales.
Artículo 51. El Gobierno podrá someter a la sanción del Jefe del Estado disposiciones
con fuerza de ley con arreglo a las autorizaciones expresas de las Cortes.
Artículo 52. Salvo el caso previsto en el Artículo anterior y los comprendidos en el
apartado d) del Artículo 10 de esta Ley y en el 13 de la Ley de Cortes, el
Gobierno no podrá dictar disposiciones que, de acuerdo con los Artículos 10 y
12 de la Ley de Cortes, deban revestir forma de ley.
Artículo 53. El Presidente del Gobierno y los Ministros informarán a las Cortes acerca
de la gestión del Gobierno y de sus respectivos Departamentos y, en su caso,
deberán responder a ruegos, preguntas e interpelaciones que se hicieren
reglamentariamente.
I. Corresponde al Gobierno acordar la redacción del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su aprobación, enmienda o
devolución. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del
ejercicio económico siguiente, se considerarán automáticamente prorrogados los
Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
II. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, sólo el Gobierno podrá
presentar proyectos de ley que impliquen aumento de los gastos públicos o
disminución de los ingresos, y toda proposición de ley, o enmienda a un
proyecto o proposición de ley que entrañe aumento de gastos o disminución de
ingresos, necesitará la conformidad del Gobierno para su tramitación.
III. El Gobierno someterá a la aprobación de las Cortes la Cuenta General
del Estado, una vez examinada y comprobada por el Tribunal de Cuentas del
Reino.
Artículo 55. El Tribunal de Cuentas del Reino, en el ejercicio de su función fiscalizadora,
deberá poner en conocimiento del Gobierno y de las Cortes, a través de las
correspondientes memorias e informes, la opinión que le merezcan los términos
en que hayan sido cumplidas las Leyes de Presupuestos y las demás de carácter
fiscal, conforme a lo prevenido en la Ley que regula esta obligación y asimismo
en todos aquellos casos en que, por su excepcional importancia, considere que
debe hacer uso de esta facultad.
Artículo 56. Sólo el Jefe del Estado puede pedir dictamen al Consejo del Reino.
Artículo 57. Corresponde al Jefe del Estado decidir, conforme a las leyes, las
cuestiones de competencia entre la Administración y los Jueces o Tribunales
ordinarios y especiales y las que se produzcan entre el Tribunal de Cuentas y
la Administración o entre dicho Tribunal y los demás Tribunales ordinarios y
especiales.
I. Los Presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de Estado,
del Tribunal de Cuentas del Reino y del Consejo de Economía Nacional, serán
designados por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino.
II. Su mandato será de seis años, y sus cargos tendrán las
incompatibilidades que señalen las Leyes.
III. Su cese se producirá:
a) Por expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión por el Jefe del Estado, oído
el Consejo del Reino.
c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo del Reino.
d) A propuesta del Consejo del Reino, por incapacidad apreciada por los dos
tercios de sus miembros.
Título X. El recurso de Contrafuero
I. Es contrafuero todo acto legislativo o disposición general del Gobierno
que vulnere los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes
fundamentales del Reino.
II. En garantía de los principios y normas lesionados por el contrafuero se
establece el recurso ante el Jefe del Estado.
Artículo 60. Podrán promover recurso de contrafuero:
a) El Consejo Nacional, en todo caso, por acuerdo adoptado por las dos
terceras partes de sus Consejeros.
b) La Comisión Permanente de las Cortes en las disposiciones de carácter
general del Gobierno, mediante acuerdo adoptado por la mayoría de dos tercios
de sus componentes.
I. El recurso de contrafuero se entablará ante el Consejo del Reino en el
plazo de dos meses a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la ley o de la disposición de carácter general que lo motive.
II. El Presidente del Consejo del Reino dará cuenta inmediata al Jefe del
Estado de la interposición del recurso de contrafuero y lo pondrá en
conocimiento de la Comisión Permanente de las Cortes o del Presidente del
Gobierno, según corresponda, a los efectos de que si lo estiman necesario,
designen un representante que defienda ante el Consejo del Reino la legitimidad
de la ley o disposición de carácter general recurrida.
III. El Consejo del Reino, de concurrir fundados motivos, podrá proponer al
Jefe del Estado la suspensión, durante la tramitación del recurso, de la ley o
disposición de carácter general recurrida o, en su caso, del precepto o
preceptos de ella que resulten afectados por el recurso.
I. El Consejo del Reino solicitará dictamen acerca de la cuestión planteada
por el recurso de contrafuero a una Ponencia presidida por un Presidente de
Sala del Tribunal Supremo de Justicia e integrada por:
1. Un Consejero Nacional;
2. Un Consejero Permanente de Estado;
3. Un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y
4. Un Procurador en Cortes, designados por la Comisión Permanente de las
instituciones respectivas y, en el caso del Tribunal Supremo, por su Sala de
Gobierno.
Dicho dictamen se elevará al Consejo del Reino con expresión de los votos
particulares, si los hubiere.
II. El Consejo del Reino, presidido a estos efectos por el Presidente del
Tribunal Supremo de Justicia, propondrá al Jefe del Estado la resolución que
proceda.
Artículo 63. En el supuesto de que la Comisión Permanente de las Cortes advirtiera
vulneración de los Principios del Movimiento o demás leyes fundamentales, en un
proyecto o proposición de ley dictaminado por la Comisión correspondiente de
las Cortes, expondrá su parecer, en razonado escrito, al Presidente de las
Cortes, dentro de los ocho días siguientes a la publicación del dictamen en el
«Boletín Oficial» de éstas, quien lo trasladará a la Comisión que lo hubiere
dictaminado para que someta a nuevo estudio el proyecto o proposición de ley de
que se trate. Entretanto, se suspenderá su inclusión en el orden del día del
Pleno o, en su caso, será retirado del mismo.
Artículo 64. La resolución que anule por contrafuero el acto legislativo o disposición
de carácter general del Gobierno que haya sido objeto de recurso, obligará a la
inmediata publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la nulidad
acordada, con el alcance que en cada caso proceda.
I. El Jefe del Estado, antes de someter a referéndum un proyecto o
proposición de ley elaborados por las Cortes, interesará del Consejo Nacional
que manifieste, en plazo de quince días, si a su juicio existe en la misma
motivo para promover el recurso de contrafuero.
II. Si el Consejo Nacional entendiera que dicho motivo existe, procederá a
entablarlo en la forma prevista en el Artículo 61. En caso contrario, así como
en el de quedar desestimado dicho recurso, la ley podrá ser sometida a
referéndum, y después de su promulgación no podrá ser objeto de recurso de
contrafuero.
Artículo 66. Una Ley especial establecerá las condiciones, la forma y los términos en
que haya de promoverse y sustanciarse el procedimiento a que dé lugar el
recurso de contrafuero.
Disposiciones transitorias
I. Cuando se cumplan las previsiones de la Ley de Sucesión, la persona
llamada a ejercer la Jefatura del Estado, a título de Rey o de Regente, asumirá
las funciones y deberes señalados al Jefe del Estado en la presente Ley.
II. Las atribuciones concedidas al Jefe del Estado por las Leyes de 30 de
enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, así como las prerrogativas que le
otorgan los Artículos 6 y 13 de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su
vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo
anterior.
III. La Jefatura Nacional del Movimiento corresponde con carácter vitalicio
a Francisco Franco, Caudillo de España. Al cumplirse las previsiones
sucesorias, pasará al Jefe del Estado y, por delegación de éste, al Presidente
del Gobierno.
Segunda. Al constituirse la próxima legislatura de las Cortes entrarán en vigor las
modificaciones introducidas por la disposición adicional tercera del texto
originario de la presente Ley («Boletín Oficial del Estado», núm. 9, de 11 de
enero de 1967) en los Artículos 2, 6 y párrafo 5 del 7 de la Ley de Cortes, y
seguidamente las operadas en el Consejo del Reino según la nueva redacción del
Artículo 4 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado establecida en la
disposición adicional cuarta del citado texto originario.
Tercera. Con las salvedades previstas en la precedente disposición transitoria, la
presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su promulgación.
Cuarta. En el plazo de cuatro meses a contar desde la promulgación de la presente
Ley, se publicarán los textos refundidos de las Leyes fundamentales, en los que
se recogerán las modificaciones a que se hace referencia en las disposiciones
adicionales del ya citado texto originario de la presente Ley, previo dictamen
del Consejo del Reino y deliberación del Consejo de Ministros.
Quinta. El Gobierno, en el plazo más breve posible, presentará a las Cortes los
proyectos de ley y dictará las disposiciones conducentes a la debida ejecución
de la presente Ley.
Disposiciones finales
Primera. A partir de las fechas de entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogadas
cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la misma.
Segunda. La presente Ley tiene el carácter de Ley fundamental definido en el
Artículo 10 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.
1 de enero de 1967
