Tema 14. Isabel II (1843-1868): el reinado efectivo.

Tema 14. Isabel II (1843-1868): el reinado efectivo.

a)     Características generales.

   El 8 de noviembre de 1843 las Cortes nombran a Isabel II mayor de edad, dos días después juró como reina constitucional. Las características generales que definen la monarquía de Isabel II son:

·         El modelo político es una monarquía liberal de tendencia conservadora que se refleja en la Constitución moderada de 1845. La Constitución sólo permitía la participación en la vida política a una minoría: propietarios, nobleza, alta burguesía, etc.

·         Los gobiernos del período son de tendencia autoritaria, son gobiernos que defienden el concepto moderado de orden público, limitando los derechos y las libertades individuales.

·         Isabel II apoyó abiertamente a los moderados. A partir de 1863, ese apoyo y su incapacidad para conectar con el pueblo provocaron la caída de la Monarquía en 1868.

·         La intervención constante de los militares en la vida política como Narváez, Espartero, O´Donnell, Prim, etc. Esta intervención se explica por la debilidad del sistema parlamentario ya que los partidos son simples grupos de presión que intentan hacerse con el poder mediante un pronunciamiento; la mitificación del militar victorioso en un país en el que la guerra había sido una constante; y la convicción de que la presencia de un militar al frente del gobierno garantizaba el mantenimiento del orden público y la propia fortaleza del gobierno.

·         La presencia exclusiva en la vida parlamentaria de partidos burgueses como los moderados, los progresistas, los unionistas (Unión Liberal) y los demócratas. Los republicanos fueron excluidos.

·         La marginación política de campesinos, trabajadores urbanos, obreros industriales, etc. Grupos que son, en ocasiones, violentamente reprimidos por el poder político.

b)     La Década Moderada (1844-1854)

   La figura política durante todo este período fue el general Narváez, jefe de Gobierno en varias ocasiones.

   Una de las primeras medidas adoptadas por los moderados fue la fundación de la Guardia Civil por el Duque de Ahumada el 28 de marzo de 1844. Se trata de un cuerpo policial organizado militarmente que reflejaba el concepto de orden público de los moderados. Dependía del Ministerio de Gobernación y sus principales funciones eran el mantenimiento del orden, la seguridad pública y la protección de las personas y de las propiedades. Su ámbito de actuación fue el mundo rural.

   Otra de las medidas destacadas fue la aprobación de la Constitución de 1845 (23 de marzo de 1845), Constitución que refleja fielmente la ideología política de los moderados. Sus principales características son las siguientes:

·         Se rechaza el principio de soberanía nacional y se afirma el principio de soberanía compartida, es decir, la soberanía está en el Rey y en las Cortes. Este es un principio clásico del liberalismo doctrinario.

·         La declaración de derechos individuales es similar a la de la Constitución de 1837, pero la regulación de los mismos a través de leyes ordinarias supone una limitación de los mismos.

·         Se conceden amplias atribuciones a la Corona, eliminando los límites que la Constitución de 1837 había establecido, por ejemplo, en el nombramiento de los cargos de gobierno.

·         Se establece el principio de confesionalidad del Estado, es decir, la religión católica como religión oficial del Estado. Se prohíbe la práctica de cualquier otra religión y, además, el Estado se compromete a mantener el culto y el clero católicos.

·         Las Cortes son bicamerales. Los miembros del Congreso de los Diputados son elegidos a través de un sufragio censitario muy restringido, lo que significaba que sólo podían votar el 1% de la población. El Senado es una cámara de nombramiento real y los senadores tienen su cargo con carácter vitalicio.

   Gran importancia tuvo la reforma del sistema fiscal realizada por Alejandro Mon. Esta reforma se aprobó el mismo día que la Constitución (23 de mayo). Su objetivo era la creación de un sistema fiscal moderno, racional y políticamente liberal. Para lograrlo, era necesario acabar con la fiscalidad anacrónica del Antiguo Régimen y que fueran los impuestos directos la base de los ingresos del Estado. Sin embargo, no logró generar los ingresos suficientes para atender  los gastos del Estado. Se establecieron los siguientes impuestos directos:

ü  Una contribución directa sobre las propiedades inmobiliarias urbanas y sobre los rendimientos de las fincas rústicas.

ü  Un subsidio sobre actividades industriales y comerciales.

ü  Un impuesto sobre los alquileres superiores a una determinada cantidad que variaba en función de la categoría de la ciudad (inquilinato).

    En cuanto a los impuestos indirectos, se mantuvo la contribución de consumos que gravaba el consumo de algunos productos como la carne, las bebidas alcohólicas, el aceite, el jabón, las harinas, etc. Este impuesto afectaba a las clases populares y era muy impopular.

   Por otro lado, los moderados firmaron el Concordato de 16 de marzo de 1851. El Concordato es un Tratado Internacional que regula las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. El Concordato permitió normalizar las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, relaciones muy deterioradas tras la Desamortización de Mendizábal. Previamente, los moderados habían suspendido la venta de bienes desamortizados (1841), la devolución de los bienes no vendidos (1845) y el principio de confesionalidad del Estado (Constitución de 1845). El Estado español adquiría los siguientes compromisos:

§  Reconocía el papel esencial de la Iglesia en la enseñanza.

§  Permitía a la Iglesia la censura de obras religiosas o morales.

§  Se comprometía a mantener el culto y el clero católicos.

§  Reconocía el principio de confesionalidad del Estado.

   La Iglesia, por su parte, asumía los siguientes compromisos:

§  Reconocimiento de la Monarquía de Isabel II. La Iglesia había apoyado mayoritariamente a los carlistas.

§  Aceptaba que los bienes desamortizados quedaran en manos de sus compradores.

§  Permitía el llamado derecho de presentación de obispos, es decir, el Estado podía presentar una terna de tres candidatos cuando quedara vacante una sede episcopal y Roma elegía a uno de ellos.

   También se realizó una reforma administrativa cuyo objetivo era la centralización de la Administración. La reforma establece la provincia como base de la Administración, así en cada provincia habría dos organismos encargados de las tareas de gobierno: el Gobierno Civil (representante del Gobierno central) y la Diputación Provincial (representante de los vecinos).

   Por último, se aprobaron otras leyes como una Ley de Ayuntamientos (alcaldes nombrados por el poder ejecutivo), una Ley de Imprenta (limitaba la libertad de publicación y restablecía la censura) y una Ley Electoral (que restringía el derecho a voto a una minoría de la población).

    Los principales problemas del período fueron:

·         El estallido de la II Guerra Carlista (1846-1849) que sólo se desarrolló en la Cataluña rural.

·         La inestabilidad política resultado de las protestas sociales provocadas por la mala situación económica: hambre, carestía de la vida, etc. A partir de 1848, los gobiernos son autoritarios y suelen suspender las garantías constitucionales. Bravo Murillo (jefe de Gobierno entre 1851 y 1852) proyectó una reforma constitucional que suponía una prácticamente una vuelta al absolutismo. Tras su dimisión y hasta 1854, se suceden una serie de gobiernos moderados débiles y desprestigiados.

c)    El Bienio progresista (1854-1856)

   Se inició con la Revolución de 30 de junio de 1854 (“Vicalvarada”), pronunciamiento militar dirigido por el general O´Donnell. En un primer momento, fracasó,  pero la publicación del Manifiesto de Manzanares (7 de julio de 1854) logró que otros militares como Serrano o Dulce se sumaran al pronunciamiento. Unos días después, la reina encargó al general progresista Espartero la formación de un nuevo gobierno. El Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castillo, recogía los siguientes puntos:

o   La reducción de los impuestos.

o   El estricto cumplimiento de la Constitución.

o   El restablecimiento de la Milicia Nacional.

o   La aprobación de nuevas leyes de imprenta y electoral.

o   La descentralización administrativa.

   Durante el Bienio, se aprobaron importantes leyes, especialmente en el campo económico.

   En primer lugar, se aprobó la Constitución de 1856. Es una Constitución “non nata” porque nunca entró en vigor. Se aprobó el 9 de julio de 1856 y se decidió que entrara en vigor en 1856. Finalmente, el general O´Donnell no lo hizo y restableció ese año la Constitución de 1845. La Constitución de 1856 recogía los siguientes aspectos:

ü  Principio de soberanía nacional.

ü  Declaración de derechos individuales detallada y precisa, insistiendo tanto en la libertad religiosa como en la de imprenta.

ü  Senado electivo.

ü  Limitaciones al poder de la Corona y del Gobierno.

ü  Descentralización administrativa.

ü  Restablecimiento de la Milicia Nacional.

ü  Ampliación de la base electoral.

   En segundo lugar, se completó el proceso desamortizador con la aprobación de la Ley de Desamortización General (1 de mayo de 1855). La ley fue redactada por Pascual Madoz, ministro de Hacienda. Los principales bienes desamortizados fueron los de propiedad municipal, aunque se desamortizaban todos los bienes no afectados por anteriores procesos desamortizadores.

   En tercer lugar, la Ley General de Ferrocarriles (3 de mayo de 1855). Esta ley pretendía impulsar la construcción ferroviaria en España que sufría un gran retraso en comparación con el resto de países europeos. El Gobierno otorgaba ventajas fiscales, subvenciones y garantizaba la seguridad de las inversiones. La ley hizo posible la llegada de capitales extranjeros para financiar la construcción ferroviaria. De esta forma,  la red de ferrocarriles pasó de 200 kilómetros en 1853 a 5000 kilómetros en 1866.

   Por último, se aprobó la Ley de Sociedades  Bancarias y Crediticias (28 de enero de 1856), que permitió la creación de un mercado financiero moderno: bancos comerciales, bancos industriales y sociedades de crédito.

   El fin del Bienio se relaciona con la alta conflictividad social provocada por  la epidemia de cólera de 1854, la subida del precio de alimentos básicos, las malas cosechas, las tensiones entre patronos y obreros, el incumplimiento del contenido del Manifiesto de Manzanares. Estas circunstancias forzaron la dimisión de Espartero y O´Donnell formó un nuevo gobierno en 1856.

d)   Los años de la Unión Liberal y el fin del reinado de Isabel II (1856-1868)

   La Unión Liberal es un partido político que surge durante el Bienio Progresista. Dirigido por O´Donnell, podemos calificarlo como un partido de centro porque agrupaba a los moderados más progresistas y a los progresistas más moderados. Controló la vida política española hasta 1868. Contaba con el apoyo de la alta burguesía, los terratenientes y un gran número de militares como Serrano o el propio O´Donnell, su líder. En la Unión Liberal encontramos políticos procedentes de los partidos moderado y progresista como Ríos Rosas, Cánovas del Castillo, Alonso Martínez, etc. La Unión Liberal no tuvo un programa político definido,  pero se benefició de una etapa de prosperidad económica entre los años 1858 y 1863, debida a la expansión ferroviaria, la extensión de la industrialización, etc.

   El político más destacado del período fue O´Donnell que presidió el “gobierno largo de la Unión Liberal” entre julio de 1858 y febrero de 1863, un hecho prácticamente insólito en el siglo XIX caracterizado por la escasa duración de los gobiernos. Otro político importante fue Posada Herrera (conocido como el “gran elector”), ministro de Gobernación y responsable de la manipulación de los procesos electorales, práctica que será una de las principales características de la Restauración.

   Las principales medidas adoptadas en esta etapa fueron:

·         El restablecimiento de la Constitución de 1845.

·         La realización del primer censo demográfico moderno (1857).

·         La aprobación de una Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano, 1857), que fue la base del sistema educativo español hasta el siglo XX. Esta ley establecía tres niveles educativos: primaria, secundaria y universitaria.

   Una de las principales novedades de este período fue el desarrollo de una política exterior activa, basada en la acción militar con la finalidad de buscar prestigio a nivel internacional. Las principales manifestaciones de esta política fueron:

ü  Expedición hispano-francesa a Indochina (1858-1863). Se justificó por el asesinato de misioneros católicos, aunque la verdadera razón fue el interés francés de obtener una base en el sudeste asiático.

ü  Guerra contra Marruecos (1859-1860). El pretexto fue responder a las acciones “vandálicas” de los marroquíes en Melilla, aunque el objetivo era la expansión colonial en el Norte de África. España obtuvo el territorio de Sidi-Ifni, una compensación económica y la ampliación de los territorios de Ceuta y Melilla.

ü  Expedición a Méjico (1862). Expedición en la que intervinieron España, Francia y Gran Bretaña. El objetivo era castigar al Gobierno de Méjico por el impago de la deuda. Francia tenía interés en derrocar al gobierno de Juárez y sustituirlo por Maximiliano de Austria. Este interés oculto provocó la retirada de las tropas españolas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia.

ü  Intento de recuperación de la República Dominicana (1861), que no se completó por las presiones internacionales, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica.

ü  Guerra contra Perú y Chile (1863-1866). El motivo fue el ultraje de la bandera española en ambos países. La marina de guerra española bombardeó los puertos de Valparaíso (Chile) y El Callao (Perú).

   A finales de los años 60, el sistema mostraba síntomas de debilidad. En primer lugar, por el envejecimiento o el fallecimiento de los principales líderes de esta etapa (O´Donnell 1867, Narváez 1868).

   En segundo lugar, la crisis económica que se inicia en 1864 y que se manifestó en la paralización de la construcción ferroviaria, la quiebra de bancos y sociedades de crédito, la crisis de la industria textil catalana, la crisis bursátil, etc.

   En tercer lugar, la Unión Liberal evolucionó hacia posiciones conservadoras, lo que se tradujo en su división interna. Los progresistas estaban convencidos de que la propia reina y el sistema electoral les impedían acceder al poder y se distanciaron de la vida parlamentaria. Los republicanos y los demócratas cuestionaban el modelo político vigente, es decir, la Monarquía.

   Los gobiernos del período evolucionan hacia posiciones autoritarias. Dos hechos ilustran esa evolución:

o   Matanza de la noche de San Daniel (10 de abril de 1865). La introducción del krausismo, doctrina filosófica de origen alemán que defendía actitudes tolerantes y abiertas frente al dogmatismo de la enseñanza oficial, provocó tensiones en la Universidad. En octubre de 1864, el Gobierno emitió un decreto por el que prohibía las críticas a la religión católica, la Monarquía y la Constitución. La respuesta fue una serie de artículos de catedráticos atacando las injerencias gubernamentales y defendiendo la libertad de cátedra. Emilio Castelar (catedrático de la Universidad de Madrid) publicó un artículo titulado “El rasgo”, en el que criticaba la venta de bienes nacionales para beneficiar a la reina. El Gobierno exigió que fuera destituido de su cátedra, pero el rector se negó. La noche de San Daniel los estudiantes organizaron una serenata para apoyar al rector. El acto fue duramente reprimido, produciéndose nueve muertos y cientos de heridos.

o   Sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil (22 de junio de 1866). Pronunciamiento militar organizado por progresistas y demócratas que fracasó y fue duramente reprimido por el Gobierno (fusilamiento de los principales instigadores).

  Estos acontecimientos condujeron a la firma del Pacto de Ostende (16 de agosto de 1866). Era un acuerdo de progresistas, republicanos y demócratas para formar un gobierno constitucional, desterrar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal.